Corte Constitucional estudia suspender la emergencia económica decretada por el Gobierno Petro
La emergencia económica decretada por el Gobierno nacional entró en una fase decisiva, luego de que el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, solicitara formalmente a la Sala Plena la suspensión provisional de los efectos del decreto, mientras se emite una sentencia definitiva sobre su constitucionalidad.
El pedido del magistrado se refiere al decreto de emergencia económica expedido el 22 de diciembre de 2025 por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el cual cumplió treinta días de vigencia esta semana. La solicitud de Ibáñez se suma a otros dieciocho escritos presentados por políticos, juristas y organizaciones que piden pausar la emergencia mientras avanza el control constitucional.
Sala Plena definirá si se suspenden los efectos del decreto
Aunque la Corte Constitucional no tiene programada una discusión inmediata sobre la emergencia económica, el tema podría abordarse en la sesión ordinaria del próximo 23 de enero, fecha en la que la Sala Plena revisará un expediente clave relacionado con el decreto matriz 1390 de 2025.
El análisis de la emergencia económica está en manos del magistrado Carlos Camargo, quien actúa como sustanciador del expediente principal. De forma paralela, el magistrado Juan Carlos Cortés estudia el Decreto 1474, que introdujo modificaciones como el ajuste en las tarifas de licores.
La Corte se encuentra dividida internamente frente a la procedencia del estado de emergencia económica, que el Gobierno justificó como una medida excepcional para conjurar una crisis fiscal.
Gobierno Petro deberá responder a exigencias constitucionales
Dentro del proceso, la Corte Constitucional solicitó al Gobierno Petro información detallada sobre la situación administrativa de todos los ministros que firmaron el decreto, así como la acreditación de los requisitos formales y la motivación del acto legislativo.
Además, el Ejecutivo deberá responder si informó oportunamente a la Organización de Estados Americanos y a la Organización de Naciones Unidas sobre la declaratoria del estado de excepción, tal como lo exige la ley colombiana desde 1994.
Recusación contra el presidente de la Corte Constitucional
En medio del debate, el Gobierno nacional presentó una recusación para apartar al magistrado Jorge Enrique Ibáñez del proceso. A través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el Ejecutivo argumentó que no existirían garantías de imparcialidad, debido a declaraciones públicas del presidente del alto tribunal sobre la posible suspensión provisional de decretos expedidos en estados de excepción.
La recusación fue presentada dentro del proceso RE-387, que analiza la constitucionalidad del decreto de emergencia económica, y será evaluada por la propia Corte Constitucional.
Un debate con antecedentes recientes
La emergencia económica fue planteada por el Gobierno para cubrir un faltante estimado en 16,3 billones de pesos del presupuesto de 2026, luego del archivo de la reforma tributaria en el Congreso. Sin embargo, la Corte recuerda antecedentes recientes en los que declaró inexequibles o parcialmente inconstitucionales estados de excepción del actual Gobierno, como la emergencia en La Guajira y la conmoción interior en Catatumbo.
El alto tribunal prevé emitir un fallo antes de marzo, mientras que el Senado debatirá el tema en sesión extraordinaria el 27 de enero.
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