El Libro de la Verdad, presentado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella, reúne 82 casos documentados durante el proceso de empalme con la administración de Gustavo Petro. El informe fue entregado a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría con señalamientos que abarcan desde el manejo de recursos de la UNGRD y la deuda pública hasta contratación estatal, programas sociales y compra de tierras.
La entrega se realizó el 18 de agosto con la participación del presidente Abelardo De La Espriella y del vicepresidente José Manuel Restrepo. En el acto estuvieron la fiscal general, Luz Adriana Camargo; el procurador Gregorio Eljach; y el entonces contralor Carlos Rodríguez.
Restrepo explicó que los 82 casos corresponden a una muestra de los hallazgos obtenidos durante la revisión de diferentes entidades del Estado y que fueron agrupados alrededor de nueve comportamientos asociados, según el Gobierno, con prácticas que pueden fomentar la corrupción.
La presentación del documento, sin embargo, no significa que las personas o entidades mencionadas tengan responsabilidades establecidas. Los elementos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, que deberán determinar cuáles ameritan investigaciones y si de ellas se desprenden responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales.
Libro de la Verdad pone la lupa sobre recursos de la UNGRD
Uno de los capítulos señalados por el Gobierno se concentra en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
De La Espriella aseguró que durante la administración anterior se giraron $856.000 millones sin que, de acuerdo con su denuncia, existiera una declaratoria de urgencia manifiesta. A esto agregó un señalamiento de mayor dimensión: afirmó que se perdió el rastro de $1,38 billones.
Estos señalamientos forman parte del material trasladado a las autoridades y, por tanto, deberán ser evaluados dentro de las competencias de los organismos que recibieron el informe.
Deuda pública y TES, otro capítulo del informe
El manejo de la deuda pública también ocupa un espacio dentro del Libro de la Verdad. José Manuel Restrepo cuestionó las decisiones adoptadas alrededor de los títulos de Tesorería, conocidos como TES.
Según explicó, el límite de adjudicación mediante la emisión de estos títulos habría pasado del 50 % al 100 %, mientras las tasas de colocación se ubicaron entre el 13 % y el 15 %.
El vicepresidente sostuvo que las consecuencias de esas decisiones podrían extenderse durante los próximos años debido a los recursos que el Estado tendrá que destinar al pago de deuda e intereses.
“Este es un golpe silencioso al bolsillo de los colombianos”, afirmó Restrepo.
También señaló una concentración de vencimientos en 2026, 2029 y 2030 y cuestionó lo que denominó “opacidad y distorsión de la información pública”.
Gobierno denuncia una “nómina paralela” de 900.000 contratos
Otro de los puntos expuestos directamente por De La Espriella está relacionado con la contratación mediante órdenes de prestación de servicios.
El presidente denunció la existencia de una “nómina paralela” conformada por alrededor de 900.000 órdenes de prestación de servicios durante el gobierno anterior. De acuerdo con su señalamiento, esos contratos representaron aproximadamente $5 billones para las finanzas públicas.
De La Espriella calificó esas contrataciones como “corbatas”. La cifra y las circunstancias denunciadas hacen parte de los elementos trasladados a los organismos de investigación y control.
El Libro de la Verdad también incluye cuestionamientos sobre contratación realizada desde la Cancillería. El Gobierno aseguró que esa cartera suscribió 785 contratos por un valor conjunto de $83.000 millones antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
A esa cifra se sumó un señalamiento por aproximadamente $8.500 millones destinados a sedes temporales que habrían funcionado durante periodos de entre 90 y 120 días.
Fondo para la Igualdad y Colombia Mayor aparecen en los casos
Las denuncias no se limitan a grandes operaciones financieras o contratos. Los programas destinados a población vulnerable también aparecen dentro de la documentación presentada.
En el caso del Fondo para la Igualdad y la Equidad, Restrepo aseguró que durante su proceso de liquidación fueron pagados cerca de $140.000 millones a una misma empresa de servicios temporales.
Según el vicepresidente, no se encontró soporte suficiente para establecer que el personal contratado hubiera cumplido los objetivos establecidos para el fondo. Restrepo afirmó además que la Contraloría calificó el riesgo como “estado crítico” y señaló que posteriormente fueron suscritos contratos adicionales por otros $68.000 millones.
Otro de los casos corresponde a Colombia Mayor. Restrepo aseguró que los recursos destinados a los subsidios para adultos mayores en condición de vulnerabilidad se agotaron en julio de 2026, pese a que habían sido asignados para cubrir todo el año.
De acuerdo con su exposición, tampoco quedaron mecanismos de contingencia para atender las coberturas previstas.
Compra de tierras para la reforma agraria también fue cuestionada
Entre los asuntos recopilados aparece además un caso relacionado con la reforma agraria.
La información conocida sobre el documento señala desembolsos por $979.003 millones destinados a adquirir 537 predios. Sin embargo, según lo presentado, únicamente tres de esos predios habían sido titularizados a favor de la Nación.
El informe también recoge cuestionamientos sobre otros procesos estatales, entre ellos una iniciativa del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación por cerca de $900.000 millones, la planta desalinizadora de Santa Marta por aproximadamente $786.000 millones y un proceso de Colombia Compra Eficiente cercano a $300.000 millones para servicios de ciberseguridad.
Santurbán también quedó incluido en el Libro de la Verdad
La delimitación del páramo de Santurbán es otro de los asuntos incorporados en las denuncias.
Restrepo sostuvo que, cuando faltaban pocas semanas para terminar la administración Petro y un día antes del cambio de mando, el Ministerio de Ambiente expidió resoluciones relacionadas con la delimitación de cerca de 29.000 hectáreas del ecosistema.
El vicepresidente agregó un señalamiento sobre la existencia de alrededor de 200 bocaminas de arsénico que, según su exposición, podrían afectar la calidad del agua de la zona.
Estos elementos se suman a un documento que aborda actuaciones de diferentes entidades y sectores del Estado y que ahora pasa de la revisión realizada durante el empalme al análisis de los organismos competentes.
¿Qué ocurrirá ahora con los 82 casos?
La entrega del Libro de la Verdad abre una nueva etapa. Los 82 casos presentados por el Gobierno no equivalen por sí mismos a decisiones judiciales ni establecen responsabilidades.
La Fiscalía deberá evaluar los elementos recibidos y determinar cuáles tienen mérito para avanzar mediante investigaciones dentro de su competencia. La Procuraduría y la Contraloría harán lo propio desde sus funciones disciplinarias y fiscales.
El procurador Gregorio Eljach informó que su entidad ya adelanta investigaciones relacionadas con denuncias conocidas previamente y dejó abierta la posibilidad de iniciar nuevas actuaciones a partir de la documentación recibida.
“Se abrirán los procesos que se tengan que abrir”, manifestó.
De esta manera, los cuestionamientos que el nuevo Gobierno recopiló durante el proceso de empalme quedan formalmente en manos de los organismos encargados de investigarlos. El siguiente paso será establecer cuáles de los 82 casos cuentan con elementos suficientes para avanzar y si las presuntas irregularidades denunciadas pueden derivar en responsabilidades concretas.
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