La Procuraduría General de la Nación ha iniciado acciones legales contra la exministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez Cortés, y el secretario general, Luis David Garzón Chaves, por su presunta responsabilidad en la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 para Barranquilla.
Este desenlace se debió al incumplimiento de obligaciones financieras clave con la Panam Sports Organization, lo cual desencadenó la rescisión unilateral del acuerdo.
El proceso administrativo detalla que ambos funcionarios habrían permitido un incremento injustificado en el patrimonio de una empresa contratista, a costa de los fondos destinados por la Alcaldía de Barranquilla, que ascendían a la suma de 2 millones 250 mil dólares.
Estos recursos los desembolsaron como parte del compromiso pactado, pero se perdieron debido al supuesto impago por parte del Ministerio del Deporte.
Principios de eficacia no tenidos en cuenta
La Procuraduría sostiene que la exministra Rodríguez Cortés pudo haber violado los principios de eficacia, diligencia y celeridad en la gestión pública al tomar la decisión el 27 de diciembre de 2023 de no firmar el contrato comprometido, lo que incumplió el plan de pagos acordado inicialmente el 30 de diciembre.
Por otro lado, el secretario general, quien actuaba como ordenador del gasto, lo señalan como responsable por desatender los procedimientos administrativos al presuntamente detener el proceso contractual para modificar unilateralmente la forma de pago.
Esto, según la entidad, habría afectado gravemente la reputación y credibilidad del Estado colombiano frente a la comunidad internacional.
Este nuevo desarrollo genera un importante revuelo en el ámbito deportivo nacional e internacional, además de levantar serias interrogantes sobre la gestión financiera y administrativa de las altas esferas del Ministerio del Deporte en Colombia.
