La Fiscalía General de la Nación dio a conocer evidencias sobre irregularidades en la contratación y ejecución de las obras del sistema de alcantarillado sanitario de Becerril, Cesar.
Pese a haberse iniciado en enero de 2017, las obras permanecen inconclusas y el sistema está fuera de operación.
Imputación de cargos a exfuncionarios y contratistas
Ante un juez de control de garantías. La Fiscalía presentó al exalcalde Juan Francisco Rojas Hinojosa, la exsecretaria de Obras Públicas Isabel Cristina León Peñaranda y al contratista Raúl Alfonso Cardozo Nuncira. A los implicados se les imputaron los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, cargos que no fueron aceptados por los acusados.
El contrato, adjudicado por un valor cercano a los 4.000 millones de pesos. Fue presuntamente direccionado por el exmandatario y la ex funcionaria para beneficiar a un contratista en particular. Además, modificaron ítems para autorizar diseños parciales por avances de obra que no se completen.
En #Cesar fue judicializado el exalcalde de Becerril, Juan Francisco Rojas Hinojosa; la exsecretaria de Obras Públicas del municipio, Isabel Cristina León Peñaranda; y el contratista Raúl Alfonso Cardozo Nuncira, por su presunta responsabilidad en irregularidades en la… pic.twitter.com/Z766C46DIy
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 6, 2025
Entre las irregularidades detectadas. La Fiscalía reportó que se pagaron 1.449 millones de pesos por la instalación de tuberías, de las cuales solo se ejecutó el 75%. Esto provocó un perjuicio patrimonial superior a 269 millones de pesos. Asimismo, se identifican pagos por 142 millones de pesos por excavaciones no realizadas y más de 411 millones de pesos entregados al contratista por actividades no ejecutadas.
Falencias técnicas y contractuales
La investigación también evidencia incumplimientos de normas técnicas establecidas en el Reglamento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). Entre las anomalías figuran problemas en las especificaciones de tuberías, muros y la falta de trámites ante empresas de servicios públicos para garantizar el funcionamiento de la estación de bombeo.
Después de más de 60 meses de suspensión. El sistema de alcantarillado sigue inoperante debido a la falta de elementos clave como la estación de bombeo, conexiones eléctricas, pozos de inspección, tramos de tubería y conexiones domiciliarias.
La Fiscalía continúa recopilando pruebas y realizando verificaciones para esclarecer los hechos y determinar el alcance total del daño al patrimonio público. Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control en la contratación pública.
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