La Contraloría General del Cauca impuso sanciones a varios funcionarios de entidades públicas del departamento. Estos incumplieron con la rendición de información contractual en la plataforma SIA OBSERVA y otros requerimientos de control fiscal.
Durante el último trimestre de la vigencia 2024, el ente de control llevó a cabo 44 procesos sancionatorios administrativos. Como resultado, se emitieron amonestaciones, llamados de atención y multas económicas. En total, se aplicaron 18 sanciones económicas por un valor de $78.020.590.
Funcionarios sancionados y montos de las multas
Entre los sancionados están alcaldes en ejercicio, exalcaldes, exgerentes y gerentes de empresas de servicios públicos, además de otras entidades. A continuación, se presentan algunas de las multas más relevantes:
- Gerente de ENERCALOTO Iluminaciones S.A.S. E.S.P.: Multa de $2.000.000 por incumplimiento en la rendición de información.
- Gerente de la Empresa Comunitaria de Servicios Domiciliarios de Argelia: Multa de $2.500.000 por no entregar los datos requeridos.
- Alcalde de Guapi: Multa de $5.376.068 por omitir la entrega de documentos contractuales.
- Exgerente de EMPOMER: Multa de $7.799.996 por no reportar la información contractual de la vigencia 2023.
- Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Padilla: Multa de $2.661.434 por la omisión de reportes exigidos.
- Alcalde de Timbiquí: Multa de $5.376.064 por no registrar 324 contratos, dejando pendientes 99 de ellos.
- Gerente de la E.S.E. Hospital Susana López de Valencia: Multa de $11.153.788 por no subir la información de contratación de la vigencia 2023.
- Gerente de la E.S.E. Suroccidente: Multa de $7.658.548 por el incumplimiento en la rendición de datos contractuales.
- Alcalde de La Vega: Multa de $4.690.340 debido a irregularidades en un crédito de deuda pública.
- Alcalde de López de Micay: Multa de $4.690.340 por la falta de entrega de informes contractuales.
Transparencia y control ciudadano
Estas sanciones demuestran el compromiso de la Contraloría General del Cauca con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos. La rendición de cuentas es un mecanismo fundamental para garantizar el acceso a la información y fomentar la vigilancia ciudadana. La falta de cumplimiento en estos procesos afecta la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Los funcionarios tienen la responsabilidad de proporcionar la información contractual de manera clara, completa y en los plazos establecidos. La omisión de estos reportes genera sanciones que buscan garantizar que los recursos públicos se manejen con eficiencia. Este proceso también permite que la ciudadanía pueda evaluar cómo se invierten los fondos públicos en sus municipios.
La Contraloría seguirá realizando auditorías y procesos sancionatorios para asegurar que las entidades cumplan con sus obligaciones. Se espera que estas medidas sirvan como un llamado de atención para que los funcionarios asuman con mayor responsabilidad sus deberes. Garantizar el acceso a la información fortalece la democracia y mejora la administración pública en la región.
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