martes, 28 julio 2026

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    El Gobierno y la policía exigen liberar a 29 secuestrados

    El Gobierno Nacional y la Policía de Colombia condenaron enérgicamente el secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública en los municipios de Argelia, en el departamento del Cauca. El Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) ‘Carlos Patiño’ cometió este crimen y debe responder por la vida e integridad de los uniformados. Las autoridades exigieron su inmediata liberación.

    Policía Nacional y Gobierno condenan el secuestro

    El brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, rechazó estos hechos y denunció la instrumentalización de la población civil. Esta situación constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos.

     

     

    El Ministerio de Defensa calificó el acto como un intento de homicidio y secuestro. Los responsables enfrentarán cargos graves con penas de hasta 20 años de prisión. Además, la Fuerza Pública seguirá combatiendo a los grupos armados ilegales. Estas organizaciones representan una amenaza para la seguridad de las comunidades.

    Los secuestradores se infiltraron en la población vistiéndose de civil. Además del secuestro de los uniformados, incendiaron dos vehículos oficiales. También volaron un puente que conecta El Plateado con La Hacienda. Esta acción afectó la movilidad de las comunidades y restringió su acceso a servicios básicos.

    El GAOR ‘Carlos Patiño’ recluta menores de manera forzada y coacciona a civiles para expulsar a la Fuerza Pública. Su objetivo es evitar la consolidación del Estado en la región. Estas acciones constituyen crímenes de guerra y violaciones graves a los derechos fundamentales de la población.

    Estrategia del Gobierno: sustitución voluntaria de cultivos

    El presidente Gustavo Petro aseguró que el grupo criminal ‘Carlos Patiño’ usa a la población civil como escudo. Su debilidad militar le impide enfrentarse con las fuerzas del Estado. Además, reiteró que el Gobierno abrió programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el Cañón del Micay. Esta estrategia busca garantizar condiciones de vida dignas y cerrar espacios a la ilegalidad.

     

     

    El Gobierno Nacional reafirmó que no adelantará acciones de erradicación forzada en la región. En cambio, promoverá la sustitución voluntaria de cultivos. Su objetivo es transformar el territorio y mejorar las condiciones de los campesinos.

    Mañana sábado 8 de marzo, en Popayán, el Ministerio del Interior y otras entidades gubernamentales evaluarán el avance de los compromisos adquiridos. La comunidad del Cañón del Micay tendrá un espacio de diálogo. El Gobierno invitó a líderes sociales y a la población en general a participar. Se busca construir soluciones concretas para los desafíos del territorio.

    El Ejecutivo pidió a la comunidad nacional e internacional rechazar estos crímenes y solidarizarse con las poblaciones afectadas por la violencia. La paz, recalcaron, es una política de Estado. El Gobierno seguirá trabajando para consolidarla en todo el país.

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