El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) anunció el 9 de enero que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2024 cerró con un aumento del 5,2%, lo que marca el límite máximo para el ajuste de los arriendos en Colombia durante 2025.
Este incremento impactará a más de 21 millones de colombianos, que representan el 40,3% de los hogares del país, según datos oficiales.
Aumento regulado por la Ley 820 de 2003
De acuerdo con la Ley 820 de 2003, los arrendadores sólo podrán aplicar este ajuste al momento de renovar los contratos de arrendamiento, y el incremento no podrá superar el 5,2%. Así, si un inquilino paga $1.000.000 mensuales, su arriendo se incrementará a $1.052.000, lo que supone un aumento de $52.000.
Este ajuste también tiene un impacto más amplio, afectando no solo los costos de arriendos. Sino también otras áreas esenciales del presupuesto familiar, como la alimentación, el transporte y los servicios básicos. El Dane destaca que estos rubros son los principales gastos de los hogares colombianos, lo que genera un escenario económico desafiante para muchas familias.
Lina Torres, gerente Comercial de Fincaraiz, explicó que el aumento afectará especialmente a las grandes ciudades, donde la demanda de vivienda en arriendo es más alta. Según la normativa, los arrendadores deben notificar al inquilino sobre el incremento con antelación y no pueden aplicar el aumento de manera arbitraria.
Condiciones para la aplicación del aumento
Este aumento solo aplica a los contratos de arrendamiento de vivienda urbana y no afecta a inmuebles comerciales. En usos como locales, bodegas, consultorios, oficinas y los diferentes a vivienda, tanto el valor como el incremento deberán acordarse entre las partes o según lo consignado en el contrato de arrendamiento. Además, el ajuste no puede ser implementado de inmediato si el inquilino ha ocupado la vivienda durante menos de 12 meses. Por lo que el incremento sólo será aplicable al renovar el contrato.
En paralelo, la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) confirmó que el aumento máximo permitido será del 5,20% para 2025. Según la misma Ley 820 de 2003. En un análisis más amplio. Fedelonjas explicó que el 40,3% de los hogares colombianos vive en arriendos, lo que representa más de $27 billones generados por arrendamientos residenciales.
Además, se recordó que el ajuste de la cuota de administración en conjuntos residenciales no está regulado por una norma específica. Esta debe ser determinada por las asambleas de propietarios, basándose en el presupuesto aprobado y otros factores internos.
Con el ajuste del IPC ya definido, los inquilinos deben estar atentos a los contratos de arrendamiento y prever el impacto económico que este aumento tendrá en sus finanzas para el 2025.
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