Por un fallo de tutela proferido por una juez de la República, las comunidades indígenas del norte del municipio de Caldono, Cauca, iniciaron una protesta con vías de hecho, exigiendo que se respete su Jurisdicción Especial.
El Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, informó que el caso se relaciona con hechos ocurridos el 18 de noviembre de 2017, cuando dos sujetos armados intimidaron al gobernador del Resguardo La Laguna, Herlein Mulcué y la tesorera Sibilina Peña.
De acuerdo a la Organización, los individuos accionaron un arma contra el dirigente, pero esta no les funcionó, y luego se llevaron un maletín en el que había una gruesa suma de dinero. En la reacción de la Guardia, los sujetos fueron capturados y sometidos a un castigo.
En la asamblea de las comunidades, estas personas fueron condenadas a 40 años de cárcel por “desarmonía territorial, tentativa de homicidio a la autoridad tradicional, hurto agravado a la comunidad y porte ilegal de armas”.
Sin embargo, los familiares de los presuntos delincuentes interpusieron una acción de tutela, cuyo primer fallo les favoreció y ordenó la libertad inmediata a los detenidos.
Esto causó rechazo entre las comunidades, que se reunieron y afirmaron que la justicia ordinaria no puede vulnerar su Jurisdicción Especial, por lo que convocaron a todas las autoridades y entidades del Estado con el fin de encontrar una solución.
Sin embargo, la presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, Olga Posso, señaló que la juez del caso actuó en derecho garantizando los derechos fundamentales y el debido proceso, pues los implicados afirmaron no pertenecer a comunidades indígenas.
El fallo fue impugnado por los indígenas, quienes mantendrán en su custodia a los sujetos mientras se resuelve el caso.
