A pesar de la reducción presupuestal y el plan de austeridad implementado por el Gobierno de Gustavo Petro, varios contratos públicos están generando dudas sobre si el Ejecutivo está tomando las medidas necesarias para reducir gastos. El Gobierno justificó el recorte de presupuestos debido a la frustración con la ley de financiamiento del año pasado, lo que afectó la disponibilidad de recursos para este año.
Un concierto costoso en plena austeridad
Uno de los contratos más polémicos lo firmó el sistema de medios públicos Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) para un concierto del rapero puertorriqueño Residente. El evento se celebrará en la Plaza de Bolívar el próximo 2 de marzo. Según el concejal de Bogotá, Daniel Briceño (Centro Democrático), el contrato asciende a casi 4 mil millones de pesos ($3.965 millones). De esa cifra, $2.185 millones se destinarán al pago del artista y su equipo, mientras que los $1.780 millones restantes cubrirán los gastos de producción del evento. El gerente de RTVC, Hollman Morris, defendió el evento, argumentando que el concierto busca transmitir un mensaje de esperanza en un momento crucial para el país.
El concierto de la esperanza de Petro y Hollman Morris pagado por todos los colombianos a través de RTVC nos costará $3.965.523.131.
El señor RESIDENTE cobrará $2.185.000.000 y el resto se irá en la producción del evento.
Todo esto en medio de una crisis fiscal.
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) January 31, 2025
El coreógrafo y bailarín Nerú Martínez también está en el centro de la polémica. Martínez firmó un contrato con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) por más de $64 millones. Martínez, conocido por su trabajo en programas de acondicionamiento físico, ha firmado varios contratos con el Gobierno de Petro, acumulando un total superior a los $240 millones. Las críticas apuntan a la falta de formación académica formalmente relacionada con el cargo. Martínez es bachiller académico, con estudios técnicos en áreas relacionadas con el fitness.
La controversia del contrato de LaJulieta
El contrato firmado por la ingeniera industrial Laura Julieth Martínez Morales, conocida en redes sociales como LaJulieta, también ha generado controversia. LaJulieta firmó un acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por un valor de $101 millones. A pesar de que la ingeniera presentó documentos que acreditan su graduación y tarjeta profesional, la contratación ha sido criticada por no cumplir con los requisitos de experiencia establecidos por la entidad. El salario indicado en su contrato también supera el tope permitido para su tipo de contrato, generando más cuestionamientos sobre la transparencia de este proceso.
Estos contratos, en un contexto de restricciones presupuestales, están generando un debate sobre la eficacia y equidad de las políticas de austeridad del Gobierno. La creciente atención pública pone en duda si las decisiones tomadas se alinean con el mensaje de ahorro que se intenta transmitir. Aunque el Gobierno busca reducir el gasto público, algunos consideran que estas decisiones no corresponden con la situación económica actual.
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