La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Ha expresado su profunda preocupación ante las recientes denuncias sobre una nueva modalidad de reclutamiento forzado. En la región del Cañón del Micay, en el departamento del Cauca. Según informes, las disidencias de las FARC y el ELN. Están exigiendo a las familias de la zona que entreguen a algún miembro para ser incorporado a sus estructuras ilegales, lo que ha generado una alarmante situación de riesgo.
Más de 100 víctimas en tres meses
En los últimos tres meses de 2024. Más de 100 personas, entre ellas niños, niñas y adolescentes, fueron víctimas del reclutamiento en los departamentos de Cauca y Nariño, lo que refuerza la gravedad del fenómeno. Este tipo de acciones ilegales sigue afectando la seguridad y la integridad de la población civil en la región.
La Consejería Presidencial ha realizado un urgente llamado a los grupos armados ilegales presentes en la zona. Para que cesen el reclutamiento de menores de 18 años y cumplan con las obligaciones derivadas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esta exigencia busca frenar la violación de derechos humanos que afecta a la población más vulnerable.
Desde la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, expresamos nuestra preocupación por las denuncias de una nueva modalidad de reclutamiento en el Cañón del Micay, por parte de las disidencias de las FARC y el ELN (…)
— Consejería DDHH 🇨🇴 (@ConsejeriaDDHH) February 6, 2025
Refuerzo de acciones y prevención
Asimismo, se instó a las autoridades competentes a redoblar sus esfuerzos para la búsqueda de los menores reclutados y garantizar que se logren resultados en las investigaciones. Se solicitó a las autoridades municipales activar y fortalecer sus equipos de acción inmediata. Además de socializar con las comunidades las rutas de prevención ante este tipo de amenazas.
En el marco de este llamado, se recordó que «Ellos son la generación de la paz«. Haciendo énfasis en la importancia de proteger a los jóvenes de la violencia y el reclutamiento forzado para asegurar un futuro de paz en la región. La protección de los menores es esencial para romper el ciclo de violencia y garantizar una convivencia pacífica en las comunidades del Cauca y Nariño.
Te puede interesar:
Gobierno de Petro emite 16 decretos por crisis en el Catatumbo
