En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Gobernación del Valle del Cauca y la Defensoría del Pueblo firmaron un pacto interinstitucional para fortalecer la protección y atención de las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. Este acuerdo busca implementar estrategias integrales para garantizar los derechos y el bienestar de las víctimas.
La gobernadora Dilian Francisca Toro destacó los avances alcanzados en el departamento desde 2017, cuando se implementaron valoraciones integrales de salud para mujeres víctimas del conflicto armado. Hasta ahora, 390 de las 1.370 víctimas identificadas han accedido voluntariamente a este programa.
“El reto es contactar a todas las víctimas y garantizarles una atención completa. Hoy reafirmamos nuestro compromiso en una fecha tan significativa para los derechos humanos, articulándonos institucionalmente para asegurarles una vida digna”, afirmó la mandataria.
Estrategias clave del pacto
El acuerdo prioriza la mejora de la ruta de atención a las víctimas a través de. Acceso oportuno a servicios médicos, capacitación y sensibilización sobre violencia sexual y de género, garantías de restitución y no repetición, recolección, monitoreo y análisis de datos para comprender y abordar estas violencias.
El vicedefensor del Pueblo, Roberto Molina. Subrayó la importancia de iniciativas como esta en un país donde, a pesar de un marco normativo sólido, persisten grandes retos en su implementación.
“Esfuerzos como los de la Gobernación del Valle permiten que las normas e instituciones tengan un impacto real. Aunque existen dificultades en muchas regiones, este tipo de compromisos nos enorgullece y fortalece”, afirmó Molina.
Esperanza para las mujeres y niñas víctimas
Desde la perspectiva de las víctimas, este pacto representa un avance significativo. Gloria Salinas, integrante de la mesa de víctimas del municipio de San Pedro, expresó.
“Esto es una luz de esperanza para que muchas niñas y mujeres que han sufrido violencia puedan recibir atención médica, psicológica y psiquiátrica con mayor agilidad”.
Este pacto simboliza un nuevo impulso para garantizar los derechos humanos. Y trabajar por una sociedad más justa y comprometida con las mujeres afectadas por la violencia en el contexto del conflicto armado.
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