Dos excavadoras incautadas en una operación contra la minería ilegal en Lloró pasarán de la extracción ilícita de oro a las labores de reconstrucción en Chocó. La maquinaria, que según las autoridades estaba vinculada a rentas ilegales del ELN, fue entregada a la Gobernación para apoyar la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Los equipos están avaluados en cerca de $900 millones. El Gobierno decidió conservarlos y darles un nuevo uso en medio de la emergencia, una medida anunciada por el presidente Abelardo De La Espriella como parte de las instrucciones impartidas a la Fuerza Pública después del terremoto.
Excavadoras incautadas en una operación en Boraudó
El procedimiento se desarrolló en la vereda Boraudó, municipio de Lloró, donde las autoridades intervinieron dos unidades de producción minera ilegal.
La operación fue adelantada por tropas de la Brigada 15 del Ejército Nacional, con apoyo de la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros. También participaron la Armada Nacional y la Policía.
De acuerdo con el reporte militar, las unidades intervenidas afectaban las rentas criminales del ELN. La maquinaria tenía capacidad para sostener una actividad de extracción de oro de considerable valor económico.
Una producción estimada en más de $2.600 millones al mes
El Ejército calculó que las excavadoras incautadas podían generar aproximadamente 6.000 gramos de oro mensuales, equivalentes a más de $2.600 millones en el comercio ilegal.
Con la operación, las autoridades buscan cortar parte de los recursos obtenidos mediante la explotación ilícita de minerales y utilizados, según el reporte oficial, para financiar al grupo armado.
Sin embargo, el procedimiento tomó un rumbo diferente una vez aseguradas las dos máquinas: en lugar de destruirlas, el Gobierno dispuso que fueran aprovechadas para atender las necesidades que dejó el terremoto.
De La Espriella ordenó utilizar la maquinaria en la reconstrucción
El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que desde el día de la tragedia dio instrucciones a la Fuerza Pública para incautar la maquinaria utilizada en minería ilegal.
“En lugar de destruir esta maquinaria, la pondremos al servicio de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto”, señaló el mandatario.
Las excavadoras quedaron a disposición de la Gobernación del Chocó para apoyar labores de mantenimiento y reconstrucción. “La maquinaria de la minería ilegal ahora trabajará para Colombia”, agregó De La Espriella.
La medida permite que equipos retirados de una economía ilícita sean incorporados a las tareas que requiere un departamento golpeado por el terremoto y que ahora enfrenta un proceso de recuperación de infraestructura.
Abelardo De La Espriella anuncia nuevo uso para maquinaria incautadaOperaciones contra la minería ilegal continúan en Chocó
El procedimiento de Lloró se suma a otras operaciones desarrolladas por la Fuerza Pública contra la explotación ilícita de minerales en el departamento, aunque corresponden a acciones diferentes y con estructuras armadas distintas.
En Quibdó y Río Quito, el Ejército informó sobre la intervención de 34 unidades de producción minera ilegal que, según la institución, afectaban las economías ilícitas del Clan del Golfo.
Durante esas operaciones fueron destruidos o incautados una embarcación artesanal utilizada para transportar combustible, dos excavadoras, ocho dragas tipo buzo, 11 motores, 13 dragones brasileños, 30 galones de gasolina, 330 metros de manguera y 5.403 galones de ACPM.
El Ejército estimó en aproximadamente $30.000 millones el valor de la maquinaria afectada y calculó que las unidades intervenidas tenían capacidad para producir cerca de 59.700 gramos de oro al mes, valorados en más de $26.000 millones.
Mientras continúan estas operaciones contra las economías ilegales en Chocó, las dos excavadoras recuperadas en Boraudó tendrán ahora una función distinta: apoyar las labores necesarias para levantar nuevamente las zonas golpeadas por el terremoto.
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