lunes, 27 julio 2026

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    Miles de fotomultas podrían caerse en el suroccidente colombiano

    # Fotomultas Miles de conductores del suroccidente colombiano podrían verse beneficiados tras las investigaciones abiertas por el Gobierno Nacional a 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en cámaras de fotodetección. La revisión podría dejar sin validez millones de fotomultas impuestas entre 2018 y 2024, incluidas sanciones relacionadas con organismos de tránsito del Valle del Cauca, Cauca y otras regiones del país.

    La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte informaron que las investigaciones se originaron por posibles incumplimientos de requisitos técnicos y legales exigidos para la operación de los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones (SAST), conocidos popularmente como cámaras de fotomultas.

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    Cámara de fotomulta instalada en el sector Campanario de Popayán, Cauca.
    Imagen de una cámara de fotodetección ubicada en el sector Campanario de Popayán una de las ciudades mencionadas en las revisiones nacionales a sistemas SAST por presuntas irregularidades técnicas y administrativas

    Entre las regiones salpicadas aparecen ciudades y municipios como Cali, Palmira, Cartago, Yumbo, Popayán, Santander de Quilichao y Pasto, además de corredores viales estratégicos del Pacífico colombiano que están siendo revisados por las autoridades.

    Según el Gobierno, varios organismos habrían operado cámaras sin contar con conceptos técnicos válidos expedidos por el Instituto Nacional de Metrología, mientras que otros comenzaron a imponer comparendos antes de obtener autorizaciones definitivas.

    Cámara de fotomulta instalada sobre una vía de alto tráfico en Cali.
    Imagen de una cámara de fotodetección en Cali ciudad que aparece entre las que concentran mayor número de comparendos bajo revisión por parte de las autoridades nacionales
    Cali y Popayán, entre las ciudades bajo revisión

    En el caso de Cali, la ciudad aparece entre las más comprometidas del país con cerca de 2,7 millones de comparendos bajo revisión. Popayán también figura dentro de las investigaciones y podría tener miles de sanciones comprometidas por presuntas fallas en la legalidad de los sistemas utilizados.

    Los documentos oficiales conocidos por Meridiano Regional muestran además que varios sistemas de fotodetección tuvieron vencimientos de autorizaciones durante 2024 y 2025.

    En Palmira, la Agencia Nacional de Seguridad Vial notificó el vencimiento de autorizaciones para diferentes equipos SAST desde mayo y junio de 2025, señalando que las cámaras no debían continuar fiscalizando infracciones tras expirar sus permisos.

    En Santander de Quilichao también se reportó el vencimiento de autorización de un sistema de fotodetección, situación que obligaba a suspender su operación desde agosto de 2025.

    Además, en septiembre de 2025 la ANSV reportó nuevas autorizaciones para cámaras en Popayán y Pasto, evidenciando que el sistema continúa bajo revisión y ajustes técnicos en varias regiones del país.

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    Más de 5,8 millones de comparendos quedarían sin efecto

    El Gobierno Nacional aseguró que 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados deberán ser revocados de oficio y eliminados del SIMIT, lo que beneficiaría a más de 1,4 millones de ciudadanos en Colombia.

    Además, más de 1,5 millones de multas ya canceladas podrían dar pie a reclamaciones de devolución de dinero, pues los recaudos superarían el billón de pesos.

    Sin embargo, las autoridades aclararon que el reintegro no sería automático. Cada conductor tendría que adelantar solicitudes individuales ante las secretarías de tránsito correspondientes para reclamar el dinero pagado.

    El debate sobre las fotomultas vuelve a crecer

    La polémica reabre el debate sobre el uso de cámaras de fotodetección en Colombia y el control que deben tener estos sistemas tecnológicos.

    Mientras el Gobierno insiste en que las fotomultas son herramientas importantes para la seguridad vial, también advirtió que ninguna cámara puede operar por fuera de los requisitos técnicos y jurídicos establecidos por la ley.

    Las investigaciones continúan y podrían derivar en sanciones millonarias para los organismos de tránsito involucrados, además de nuevas revisiones a cámaras instaladas en distintas regiones del país.

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