El hurto de combustible encendió las alertas del Gobierno Nacional después de conocerse información según la cual cerca de 123.700 barriles de gasolina, diésel y nafta estarían siendo sustraídos cada mes de un poliducto que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país.
La cifra fue revelada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien ordenó una operación conjunta para determinar la magnitud del negocio ilegal y atacar no solamente a quienes perforan los ductos, sino a toda la estructura encargada de financiar, almacenar, transportar, comprar y comercializar los hidrocarburos.
El volumen señalado corresponde únicamente al combustible que estaría siendo extraído de un poliducto de 14 pulgadas, con afectaciones concentradas principalmente en Cesar y Magdalena.
De mantenerse ese ritmo durante un año, el hurto podría superar 1,5 millones de barriles y ocasionar pérdidas por más de $500.000 millones para Ecopetrol y, por tanto, para la Nación, según las estimaciones presentadas por el mandatario.
Hurto de combustible: Gobierno ordenó intervenir toda la cadena
La respuesta anunciada busca cambiar el alcance de las operaciones contra este delito. La instrucción presidencial establece que las autoridades no deberán limitar sus acciones a encontrar conexiones ilegales o capturar a quienes extraen directamente los hidrocarburos.
“No quiero que persigamos solamente al que perfora el tubo. Hay que desmantelar toda la cadena”, afirmó De La Espriella.
Eso implica investigar quién financia las operaciones, quién almacena el combustible, cómo es transportado, quién brinda protección durante los recorridos y quién finalmente lo compra y comercializa.
Para desarrollar la ofensiva, el presidente ordenó articular a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional con Ecopetrol, la Fiscalía General de la Nación y las demás autoridades competentes.
La estrategia contempla labores de inteligencia, control territorial, investigación y judicialización, además de procesos de extinción de dominio sobre vehículos, predios, depósitos y otros bienes que sean utilizados por las organizaciones investigadas.
Investigan posible conexión entre combustible robado y cocaína
La ofensiva tendrá un segundo objetivo: establecer si parte del hurto de combustible está abasteciendo actividades relacionadas con el narcotráfico.
De La Espriella señaló que gasolina, diésel y nafta pueden ser utilizados como insumos en el procesamiento ilícito de cocaína. Por esta razón, pidió determinar qué cantidad de los hidrocarburos sustraídos estaría llegando a estas cadenas y quiénes serían sus destinatarios finales.
La posible conexión todavía deberá ser establecida por las autoridades. La información presentada por el presidente plantea precisamente la necesidad de investigar si el negocio conecta el robo de recursos de Ecopetrol con estructuras vinculadas al narcotráfico y la financiación de organizaciones armadas.
“Cada barril robado es patrimonio de los colombianos. Y si además está siendo utilizado para alimentar la producción de cocaína, estamos permitiendo que con recursos robados a la Nación se fortalezca la misma economía criminal que estamos combatiendo”, señaló el mandatario.
Hasta 600 vehículos estarían movilizando combustible
Otro de los puntos que deberán verificar las autoridades es el funcionamiento de las denominadas “caravanas de la muerte”.
Según la información divulgada por De La Espriella, estas caravanas serían utilizadas para cargar, transportar y escoltar combustible hurtado y podrían llegar a movilizar hasta 600 vehículos, varios de ellos con destino hacia la región del Catatumbo.
La orden busca establecer qué rutas utilizan, quién organiza los desplazamientos, qué estructuras brindan protección y cuánto del combustible transportado termina relacionado con actividades del narcotráfico.
La existencia, dimensiones y funcionamiento de estas caravanas hacen parte de los elementos que deberán ser confirmados durante las investigaciones.
Ministro de Defensa asumirá la coordinación de la ofensiva
Tras la instrucción presidencial, el ministro de Defensa, general Jorge Mora, anunció que coordinará personalmente la respuesta del sector y la articulación de la Fuerza Pública.
El ministro aseguró que las operaciones combinarán inteligencia, control territorial, investigación criminal y seguimiento financiero para identificar los diferentes eslabones involucrados en el hurto de combustible.
La investigación también deberá establecer posibles conexiones con el narcotráfico y avanzar en la judicialización y extinción de dominio sobre los bienes utilizados por las organizaciones.
La ofensiva no se limitará al poliducto Pozos Colorados. De La Espriella también señaló la situación del Oleoducto Trasandino (OTA) y Caño Limón-Coveñas, infraestructuras que han enfrentado acciones relacionadas con el apoderamiento ilegal de crudo.
El ministro de Defensa deberá presentar informes periódicos con los avances y resultados de las operaciones.
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