El presidente de la República de Colombia volvió a quedar bajo el ´ojo´ de la opinión pública. Esta vez, un juez sancionó a Petro por incumplir un fallo de tutela y no retractarse por haber señalado de ¨bandido¨ al exgerente de Coosalud, Jaime Miguel González Montaño.
En ese sentido, el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro pagar una multa cercana a los $26 millones, equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
¨Declarar que el señor Gustavo Francisco Petro Urrego ha incurrido en desacato de la sentencia de tutela proferida el 11 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección ´F´¨, dice el documento firmado por el juez Yimi Alejandro Sánchez García, expedido el 14 de abril.
Hay que recordar que mediante sentencia de segunda instancia proferida el 11 de noviembre de 2025 (…) se otorgó el amparo de los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y al debido proceso del señor Jaime Miguel González Montaño. En consecuencia, se había ordenado al presidente Gustavo Petro, que en el término de 5 días contados a partir de la notificación, se retractara y presentara excusas públicas al accionante.
¨No tengo nada de que retractarme¨, sentención.
Luego aseguró que ¨las irregularidades en la EPS Coosalud, deben investigarse penalmente. Un banco tomó 221.000 millones del erario trasladado por el gobierno para la salud de los afiliados de esa EPS, que el gerente había puesto irregularmente de fianza¨.
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Añadió: ¨Precisamente, ese gerente de la empresa de salud se llevó con su empresa particular los dineros del préstamo del banco. Si la junta directiva de Coosalud va a reponer los dineros públicos perdidos, bienvenidos. Si no, es la justicia penal la que debe decidir si los miembros de la junta directiva de Coosalud, no importa si son hermanos de expresidentes y exvicepresidentes, son inocentes o no¨.
Petro comentó que ¨la ley no es para los de ruana. Pediré que el estado sea víctima en este proceso penal e indicaré a la agencia jurídica del estado que asuma la defensa del interés de los afiliados a Coosalud y del interés público¨.
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