El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha formalizado su intención de declarar al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez como “enemigo público” de la República Bolivariana de Venezuela.
Esta decisión fue anunciada por el gobierno venezolano el pasado 11 de enero y se basa en las recientes declaraciones de Uribe, quien pidió una intervención internacional en Venezuela para despojar a Maduro del poder.
Propuesta será sometida a debate
La propuesta, que se someterá a discusión en la Asamblea Nacional bajo el artículo 111 de su Reglamento Interior y de Debates, describe a Uribe como “paramilitar, terrorista, narcotraficante, fascista, asesino, criminal y representante de la ultraderecha internacional”.
La propuesta de condena tiene lugar en un contexto de creciente tensión diplomática entre los dos países, exacerbada por los llamados de Uribe a una intervención internacional en Venezuela.
En su discurso del 11 de enero, Uribe, desde la ciudad colombiana de Cúcuta, instó a una intervención internacional “preferiblemente bajo el aval de las Naciones Unidas” para desalojar a Nicolás Maduro del poder y convocar a elecciones libres.
Estas declaraciones se dieron un día después de que Maduro asumiera un nuevo mandato presidencial, un proceso que ha sido ampliamente criticado por opositores y gobiernos internacionales, que acusan de fraude electoral.
Respuesta del presidente Maduro
En un mensaje transmitido por el canal estatal VTV, el presidente venezolano calificó las palabras de Uribe como “amenazas criminales” y ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) estar alerta ante posibles agresiones extranjeras.
Además, Maduro incluyó al expresidente colombiano Iván Duque en sus señalamientos, acusándolo de alinearse con los intereses de Uribe.
“Tomemos en serio las amenazas criminales del narcoparamilitar Álvaro Uribe e Iván Duque. Preparemos los fusiles porque esta tierra sagrada jamás aceptará la bota insolente de paramilitares extranjeros ni imperialistas”, señaló Maduro en su intervención.
En medio de estas tensiones, la situación en la región fronteriza se complica aún más. La violencia en el Catatumbo, una zona colombiana clave en el conflicto armado y el narcotráfico, ha desbordado las fronteras.
Los últimos días, más de 11.000 personas han sido desplazadas por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC, con más de 80 muertos hasta la fecha.
Ante este panorama, el gobierno de Maduro ha anunciado el envío de fuerzas de seguridad para brindar asistencia humanitaria a los desplazados que cruzan hacia Venezuela.
Sin embargo, esta intervención no solo responde a la crisis humanitaria, sino que también refleja la creciente tensión entre los dos países, en un contexto de inseguridad y narcotráfico en la región del Catatumbo.
Mientras tanto, el gobierno colombiano de Gustavo Petro enfrenta desafíos en su intento por implementar su política de «paz total», mientras la violencia se intensifica y las operaciones de empresas como Ecopetrol se ven interrumpidas por los enfrentamientos armados.
La crisis fronteriza y la creciente confrontación entre Maduro y Uribe parecen señalar que las relaciones entre Venezuela y Colombia seguirán marcadas por la desconfianza, la violencia y los intereses geopolíticos.
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