Narño

En un comunicado de denuncia dado a conocer por la Coordinación étnica Nacional de paz, Cenpaz, se estableció que desde el día 24 de marzo comunidades que habitan la vereda de alto Tapaje, en el municipio del Charco, departamento de Nariño, han venido siendo víctimas de la vulneración sistemática de los derechos humanos y de infracciones permanentes al derecho internacional humanitario, producto de los enfrentamientos que se presentan en la zona por la disputa territorial desatada por diferentes grupos armados que hacen presencia en esta región. Desde primeras horas de la mañana del pasado miércoles 24 de marzo, la comunidad afrodescendiente de la Catalina, que habita esta zona alta del rio Tapaje, fue afectada por la presencia de un grupo indeterminado de hombres vestidos con uniformes de tipo militar que hicieron presencia en el caserío, apostándose en la zona de la cancha de fútbol y en la orilla del río. Posteriormente se presentó un tiroteo indiscriminado, que dejó como consecuencia 4 personas muertas, cuya identidad no ha sido confirmada. Este cruce de disparos damnificó a la comunidad y obligó a que hombres mujeres y niños tuvieran que desplazarse de la zona. Alrededor de 1000 personas salieron huyendo de la vereda en condición de desplazamiento, dejando atrás sus casas, enceres y animales, situación que también se presentó afectando las comunidades de las Mercedes y Cuil. Aún no hay claridad del número de víctimas afectadas por estos combates, no hay información sobre personas heridas o muertas, existiendo una elevada probabilidad de fatalidades producto de la situación, además se genera una afectación importante ya que esta dramática situación pone en riesgo a toda una comunidad, donde también habitan personas mayores que han sido afectadas en su salud y han presentado episodios de ataques nerviosos y de angustia, en conclusión estos hecho representan la zozobra permanente para toda una comunidad. Como consecuencia de los combates entre grupos armados, más de 3000 personas realizan una travesía de desplazamiento hacia la cabecera municipal del Charco y lugares intermedios, viviendo una tragedia humanitaria producto de la carencia de alimentos, restricciones de movilidad y la inexistencia de garantías de seguridad. El 30 de marzo se pudo conocer que la personería municipal empezó a su asumir la tarea de acompañamiento, pero no existen datos aún sobre el número de personas que han tenido que llegar al municipio nariñense. Las comunidades han tenido que llegar a los centros poblados de los Consejos comunitarios para refugiarse, proteger la vida y garantizar el derecho a distinción como población civil refugiándose en los espacios donde se realizan las asambleas y actividades de las comunidades afro. Entretanto sigue el miedo, el terror y la incertidumbre para la población afrodescendiente que en su mayoría que habita esta región, las organizaciones sociales cómo Conafro, Cenpaz y la Compi, se pronunciaron y exigieron al presidente Iván Duque, a la Consejería presidencial para derechos humanos, Defensoria del pueblo e institucionalidad, que “garanticen el derecho a la vida, la libertad, la seguridad personal y colectiva, la integridad física y psicológica, la intimidad personal familiar y comunitaria, el derecho a la honra y reputación y el trabajo, así como la seguridad alimentaria de los habitantes de la parte alta del rio Tapaje en el municipio del Charco Nariño. En este pronunciamiento, las organizaciones sociales que representan a los pueblos étnicos, instaron también a los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, comunitarias, campesinas y populares, a mantenerse alerta frente a la crítica situación de derechos humanos que se vive en la región. Entretanto los grandes medios tienen su foco frente a la situación que se vive en la frontera, titulando y haciendo una gigantesca cobertura sobre el supuesto desplazamiento de grandes contingentes de población venezolana hacia el territorio colombiano; pero encubren la realidad que padece nuestro país hace muchos años, donde prevalece este terrible e infame delito de lesa humanidad, qué es el desplazamiento forzado de la población civil, generado por los combates de grupos armados ilegales y legales, que actúan en la disputa territorial y que se posicionan gracias a la falta de consecuencia y coherencia del gobierno nacional para implementar el acuerdo final de paz, dejando a las comunidades campesinas, afros e indígenas a merced de los señores de la guerra y de la muerte.   Fuente: Agencia Prensa Rural   

  En video de cámara de seguridad quedó registrado un ataque sicarial en el casco urbano del municipio de La Unión en el departamento de Nariño. En la grabación se observa cómo la víctima se moviliza en una motocicleta y se estaciona en la parte externa de un establecimiento. Detrás del ciudadano, aparecen dos hombres también en un vehículo similar. El parrillero que se cubre con un buso y capucha, saca un arma de fuego e impacta al habitante en dos oportunidades ante la mirada de algunas personas. El motociclista queda herido y finalmente es auxiliado por residentes que lo llevan a un centro médico donde se recupera. Las autoridades conocieron el caso e iniciaron la investigación para dar con los móviles y autores del mismo.