opinión

La compra del Parque de la Salud no es una prioridad para la alcaldía. Esto se logra inferir de la intervención realizada por parte de los delegados del Gobierno Municipal durante el debate citado por el Concejo el día de ayer: “(…) en el marco de la Ley 388, el alcance del avalúo es para hacer oferta únicamente sobre el Estadio”, señaló el jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Resulta que tanto el Parque como el Estadio son propiedad de la Liga Caucana de Fútbol y están dentro de una sola matricula inmobiliaria (No. 120-11146). Por esa razón creíamos que el debate incluía a estos dos predios, pero, como quedo evidenciado, la administración solo planea adquirir el Estadio. Una forma de actuar que se ha valido de la ausencia de información y de la utilización de un lenguaje artificioso para avanzar de forma soterrada hacia sus verdaderos propósitos. De todas maneras, es cuestionable la viabilidad de ofertar sobre un solo predio que es parte de un bien inmueble sin divisiones jurídicas materiales. No es la primera vez que lo hacen, recordemos el Acuerdo No. 027 de 2022 en donde le pidieron la autorización al Concejo para endeudar al municipio hasta por $15.000 millones de pesos utilizando como argumento principal la compra del Estadio. Aun así, en 2023 y a través del Acuerdo No. 01 adicionaron esos recursos al presupuesto, pero solo $500 millones fueron destinados para esa finalidad; el resto se asignaron a infraestructura vial, y para ello recurrieron a la filigrana gramatical, señalando que en la autorización se incluyeron: “;” también el “y/o”, los cuales le abrían la puerta al Gobierno Municipal para invertir esos dineros en cualquier proyecto del Plan de Desarrollo. Como quiera que sea, en ese momento el alcalde contaba con la autorización para la compra de los predios otorgada en el Acuerdo No. 015 de 2021 y, a pesar de que también tenía los recursos, decidió no hacerlo. Ayer el secretario de Hacienda manifestó que a los $500 millones dejados del empréstito se le sumaran otros provenientes del recurso del balance financiero 2022 para poder lograr la adquisición. Lo inquietante es que no se clarificó en concreto la forma de materializar esa aspiración. Además, su compañero de gabinete precisó: “(…) la facultad que nos dio el Concejo no fue para adquirirlo en el marco del proceso de cobro coactivo sino para adelantarlo mediante el procedimiento ordinario”. Otro de los hechos llamativos en la sesión de control político fue la intervención del jurídico de la Gobernación del Cauca, quien afirmó en relación con el posible remate: “(…) desde nuestro concepto se subsume perfectamente el hecho jurídico para que se haga efectiva la condición resolutoria”. El Dr. Ortega se refería a la escritura pública No. 162 que en virtud de la autorización dada en la Ordenanza No. 11-12 de 1958, el Departamento del Cauca cedió esos predios a la Liga Caucana de Fútbol. En ella además se estableció una cláusula resolutoria con dos condiciones que, en caso de cumplirse alguna, los predios deberían regresar al dominio del Departamento: i) disolución de la Liga, o ii) la enajenación de los bienes. Al respecto su homólogo municipal, el Dr. Arbeláez se apartó con un ejemplo manifestando: “(…) sí es así que no se puede vender ni total ni parcialmente, ¿por qué en el año 2015 se saca una matrícula derivada y una parte de ese lote se vende para el sistema estratégico de transporte público? ¿por qué no se ha resuelto ese negocio?” Como ven, se avecina otro problema jurídico a la ya compleja situación. Lo sucedido en el Concejo es el reflejo de un proceso adelantado por la alcaldía donde se dejan más dudas que certezas, y adelantado de espaldas a la ciudadanía. Como van las cosas y de llevarse a cabo el remate, un privado podría adquirir el Estadio y el Parque de la Salud. Frente a este último el riesgo es aun más grande ya que la administración no tiene contemplado por ahora su compra. Y entonces, ¿dónde quedan los efectos de la declaratoria de utilidad pública sobre esos bienes inmuebles? Desde la administración expusieron que su inscripción en el certificado de tradición se hizo efectiva el 2 de febrero de 2022.

Como médica que ha legislado sobre temas de salud pública y ha trabajado en este sector por varios años, he estado realizando un análisis profundo del proyecto de Ley de reforma a la Salud que el Gobierno Nacional radicó en el Congreso. Para ello, no solo he revisado su articulado, sino que también me reuní con la ministra de Salud, junto a la bancada de La U, para escuchar dicha propuesta y también, para expresarle nuestras preocupaciones  y dudas. En primer lugar, reconozco que la iniciativa contiene importantes avances tales como la atención primaria en salud, la atención integral en regiones apartadas y población dispersa, el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, la dignificación del talento humano, el sistema unificado interoperable, el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, el giro directo a las IPS y la participación ciudadana, entre otros.  Pero también, vemos que contiene aspectos negativos que representan un retroceso a las conquistas sociales alcanzadas por los colombianos en los últimos 30 años. Precisamente, la columna vertebral del actual sistema de salud es el aseguramiento. Es decir, que haya una institución que responda por el paciente, tanto en la atención médica como en los costos que esta conlleva. Sin embargo, en la reforma del Gobierno, no queda claro quién estará a cargo de la gestión del riesgo en salud y de la gestión del riesgo financiero. Por ejemplo, si una persona va a un centro de atención primaria y le niegan el servicio ¿a quién le va a poner la tutela? ¿Alcentro de atención primaria, al hospital, a la Adres o al Fondo regional? Y si es la Adres la aseguradora, la ley no plantea las reservas técnicas que requiere. Es importante que el Gobierno dé claridad sobre este aspecto que ataca al corazón del sistema. Respecto a la situación que se plantea para las EPS en esta reforma, tengo que decir que estoy de acuerdo con lo que propone el proyecto de Ley, en el sentido de que sea la Adres quien haga el giro directo de los pagos a las clínicas y hospitales públicos y privados del régimen contributivo, talcomo ya se hace en el subsidiado. Incluso, considero que se les debe quitar la integración vertical y que no presten servicios de salud. Sin embargo, a pesar de que la Ministra de Salud insiste que no se van a acabar las EPS, lo cierto es que con este proyecto se van a marchitar, pues las convertirá en administradoras de  Centros de Atención Primaria o en prestadora de servicios de auditoría. Esto no tiene qué ver con que yo defienda las EPS o no. Aquí lo  importante es que en la propuesta del Gobierno no hay una instancia que haga lo mismo que hacen las EPS actualmente. En consecuencia, no va a haber una mejora en la atención de los usuarios, no se hace evidente que el centro del sistema sea el paciente ni se garantiza el respeto al derecho fundamental a la salud. En mi opinión, se debe continuar con un sistema mixto, con aseguramiento público y privado, en el cual la gente pueda escoger libremente cuál servicio desea tener, tal como lo indica la Ley estatutaria. La clave es que se ponga en cintura a las EPS, que no realicen funciones que no les corresponden. Otra duda, es que no se sabe cómo se van a dispensar los medicamentos. La ministra de Salud afirma que estará a cargo de las mismas entidades que actualmente operan. Pero, ¿quién los va a ordenar, quién los va a organizar y quién estará a cargo de la logística? Y cómo explicarle a una persona que padece diabetes o de hipertensión cómo y quién le va a entregar los medicamentos y suministros que requiere. Es importante que esto quede claro en la ley. Por otra parte, no se resuelve una de las mayores quejas de los usuarios del sistema de salud, como es la oportunidad y continuidad en el servicio, debido a las autorizaciones y a las demoras para agendar las citas. En este caso, la ley plantea una Junta de Remisión que puede tomar varios días para determinar, cuando el paciente va al Centro de Atención Primaria, cómo va a continuar su atención médica, es decir, que la fragmentación del servicio persiste. Para superar este problema, lo ideal es establecer una red integral e integrada de servicios en salud, que vaya desde el Centro de Atención Primaria, que no tenga autorizaciones ycon celeridad, defina qué hacer con el paciente en su ruta para ser atendido en un centro de mediana o alta complejidad. Es decir, para que al paciente lo atienda el especialista o le realicen los exámenes de laboratorio, según se requiera. Si no se rompen esas barreras, los diagnósticos y los tratamientos llegarán tarde y seguirán poniendo en riesgo la vida de los pacientes.   Otro problema que presenta el proyecto de ley es que no sabemos si éste cuenta con el aval del Ministerio de Hacienda,respecto a su viabilidad fiscal y sostenibilidad en el tiempo. Considero que para financiar esta reforma se van a requerir entre 2 o 4 puntos del PIB. Por eso, considero importante un pronunciamiento del ministro de Hacienda al respecto. También es importante que en esta iniciativa se defina cómo se realizará el pago a los hospitales públicos y privados de los dineros que adeudan las EPS que se liquiden. Para dar un ejemplo, en el caso de que se liquide la EPS Emssanar, el HUV podría llegar a tener pérdidas de hasta $110.000 millones, lo cual sería un letal golpe financiero para la institución pública de salud más importante del suroccidente. Estos son en mi opinión, los principales dolores de la reforma a la salud. Por eso desde La U, a través de sus bancadas, debatiremos con rigor en el Congreso para defender los intereses de los colombianos. Nuestra intención es que en verdad esta Ley de reforma a la salud, construya sobre lo construido, garantice el legítimo derecho al acceso a la

La llamada “Paz Total” es una de las apuestas más importantes del presidente Petro. Hasta ahora el país conoce que, para desactivar las violencias, buscará negociar la paz con grupos armados de carácter político y desmovilizar las bandas criminales por medio de un beneficioso sometimiento a la justicia. Al respecto, Indepaz muestra como ambas clases de estructuras se encuentran en Popayán: el ELN, las AGC y disidencias del Bloque Coordinador de Occidente realizan algún tipo de acción dentro de la ciudad. Pero, es importante señalar que mientras en la ruralidad caucana gran parte de la presencia de estos actores está asociada con el control sobre los cultivos de coca y la producción de cocaína, en Popayán su injerencia es principalmente indirecta y con el interés de emprender negocios a partir de los flujos de dinero provenientes de estas rentas. Dicho de otra manera, la capital se está convirtiendo en un eslabón más dentro del encadenamiento de la economía del narcotráfico. El efecto de esta situación es como el licor; las sociedades que lo consumen pasan de la embriaguez a la resaca. Varias ciudades del país ya lo sufrieron en el pasado: primero gozaron del efímero esplendor y luego tuvieron que soportar el guayabo por los cientos de muertos sobre sus calles. En Popayán, deslumbrando con sus excesos, de a poco se ha ido introduciendo en las dinámicas culturales y comerciales, provocándole un estado de trance en donde paralelamente empiezan a aparecer crímenes que, como el sicariato, antes no se registraban en la ciudad y se convierten en señales de alarma hacia el futuro. Al respecto, según la Policía Nacional los homicidios pasaron de 57 en 2016 a 72 para 2022. Todo lo anterior refleja la importancia del contexto urbano en la búsqueda de la Paz Total. Sin embargo, a pesar de su enorme incidencia, Popayán comociudad parece estar invisibilizada. Empezando porque no tiene una Alerta Temprana formulada por parte de la Defensoría del Pueblo; a su vez, desde el Gobierno Nacional no hay claridad sobre las políticas que en esta materia pondrá en marcha; y, a nivel local en el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana tampoco se presenta un abordaje riguroso frente a la problemática. La verdad sea dicha, históricamente las ciudades no han tenido un lugar preponderante dentro de las políticas de paz en el país. Así se evidencia desde el PNR de Betancur (1982-1986) que, en esencia, continuaron Barco (1986-1990) y Gaviria (1990-1994); pasando también por la estrategia Plante de Samper (1994-1998), el Plan Colombia de Pastrana (1998-2002), la Política de Seguridad Democrática de Uribe (2002-2010) y el Acuerdo de Paz de La Habana durante el Gobierno Santos. Todas centraron sus intervenciones en las zonas rurales dejando a un lado las situaciones urbanas. Hasta la fecha y a pesar de haberse decretado el Cese Biliteral al Fuego, la Paz Total no ha logrado detener la violencia en el Cauca; de hecho, junto con Nariño son los departamentos con más casos de incumplimiento a este acuerdo. A pesar de la compleja situación, la esperanza de paz para nuestro territorio merece seguir siendo respaldada; la guerra no es una opción, nos roba el futuro por cuenta de su impacto humanitario y económico. En ese sentido, poner a las ciudades como ejes para el despliegue de la Paz Total puede salvar vidas y constituirse en una intervención significativa sobre las lógicas alrededor de las economías ilegales. Para el caso de Popayán, se debería empezar incluyéndola como municipio PDET; aunque no registra cultivos de coca, si es receptora de un número importante de desplazados y también debe afrontar las tensiones alrededor del narcotráfico.