opinión

Por: Óscar Rodrigo Campo   A propósito de la tumbada de su pedestal a Sebastián de Belalcázar, fundador de Popayán, me hace acordar de un clásico del cine alemán, Good Bye Lenin, donde la protagonista, Christiane, es una férrea activista del partido socialista en Alemania Democrática u Oriental, esta en 1989 entra durante ocho meses en un coma profundo, en ese tiempo acontecieron hechos muy fuertes que para una mujer tan sensible y entregada a la causa serían letales en su estado enterarse: se cayó el muro de Berlín, se unificaron las alemanias y también derribaron varios monumentos como acto simbólico de apertura a una nueva mentalidad y régimen político, entre ellos, la gran estatua de Lenin que se imponía en la ciudad socialista. La familia de Christine, hacen hasta lo imposible para que ella, aún en estado crítico, no se diera cuenta de que toda su lucha había quedado reducida al recuerdo. Ante el hecho generado por los Misak en Popayán, en primera instancia, hago un llamado a la calma para no generar nuevas circunstancias que desaten nuevos conflictos y tensionen en una sociedad que a diario recibe mensajes de violencia y dolor. Tal vez este mismo hecho lo hubiera celebrado con alevosía en mis años mozos, donde el ímpetu juvenil y el movimiento estudiantil nos llamaba a subvertir, pero hoy, con cabeza fría y el paso de los años, me surgen algunas inquietudes en medio de la polémica generada por lo ocurrido. ¿Qué propósito tenía poner la imagen de Belalcázar precisamente en el cerro sagrado para los indígenas pubenenses? Sin duda, personajes absolutamente antagónicos. Ahora bien, en el Cauca hicimos un propósito colectivo por la Paz de este país; los resultados iniciales nos llenaron de esperanza pero tristemente las acciones y omisiones, como la no sustitución de cultivos ilícitos y el incumplimiento a los compromisos de los acuerdos firmados,  nos han llevado a presenciar nuevamente el deterioro del orden público, el crecimiento en la siembra de coca, el fortalecimiento de la producción de marihuana, el aumento de grupos armados ilegales, asesinatos selectivos  que generan temor y desplazamiento. Me pregunto entonces, ¿este polémico hecho de los Misaken Popayán ayuda a ‘despertar’ a la sociedad de un letargo que inconscientemente se vuelve tolerante al dolor, al miedo y a la muerte? No estoy de acuerdo que derriben monumentos o que se atente con el patrimonio histórico y cultural de Cauca, pero tampoco me voy a resistir a darle la interpretación simbólica a un hecho, que indiscutiblemente cumplió el cometido propuesto por sus gestores: Dar un fuerte mensaje político, a costa de despertar amores y desamores. Nuestra historia reciente da cuenta que en la década de los 90, se construyeron los anillos viales de Popayán, excelentes obras que dieron en su momento apertura y movilidad a la ciudad. Sin embargo, lo que poco cuadró fue que el sistema de contratación conllevara un peaje urbano que se construyó en la entrada norte de esta capital.  Muchos recordarán y otros apenas se enterarán, que la comunidad movilizada, tal cual derribaron la estatua de Belalcázar, dio fin a las casetas de recaudo, como muestra de la inconformidad y enviando un fuerte mensaje político.  Pudiéramos decir hoy que ese hecho fue «criminal”, sin ningún amparo legal, pero tampoco vimos el más mínimo intento de alguna corriente social que pidiera reconstruir lo derribado, circunstancia que generó un complejo trastorno en el cumplimiento de pago de los anillos viales al ejecutor privado de las obras, y hoy, después de varios años y acciones jurídicas, continúa siendo una amenaza de alto riesgo el cobro coactivo de los constructores contra nuestra Ciudad Blanca. El tiempo pasa, el problema crece y crece, inadvertido para muchos, como la amenaza de los graves efectos que podría traer un desenlace final adverso al Municipio de Popayán. Pd, ya vemos como se preparan varios municipios y regiones de Colombia para el regreso a clases en los colegios y escuelas públicas, gran tarea tiene la familia educativa Caucana para atender la consecuencia más compleja que nos deja la pandemia y las medidas restrictivas, el retraso en el aprendizaje de más de 200 mil niños que hoy no están recibiendo clases.

Por Darío Fernando Reyes Me he tomado el tiempo de analizar las posibilidades de que el alcalde de Popayán resulte absuelto de la investigación que hoy enfrenta ante la Fiscalía. Y aunque reconozco que las probabilidades son de 1 en 1000, lograré que tan escaso margen conduzca a que jurídicamente lo declaren NO responsable. Inicialmente diré que los hechos parecen condenarlo y lo acepto porque la institución que hoy le imputa cargos lo hace desde la jurisdicción Penal, entidad que entra a perseguirlo de oficio y a ponderar los hechos, sin que su hermenéutica sea objetividad. Bueno es aclarar que el delito que la Fiscalía le imputa a Juan Carlos López es… Falsedad Ideológica en documento Público y no violación a Medida Sanitaria. En supuesto y desde Ley 599 del 2000, la conducta que se le reprocha se adecúa perfectamente al Art 286 del Codigo Penal Colombiano. Y para colmo, corre con tan mala suerte de contagiarse de aquello que Palacio y por protocolo quiso salvaguardar. Qué es, lo que la Fiscalía entrará a probar contra del alcalde o, a desvirtuar en su defensa? 1. Que el investigado no podrá negar que a su ingreso a Palacio, consignó información falsa sobre documento público. Y así ha de controvertirlo la Fiscalía porque en su tesis acusatoria se atiene al artículo 294 del Código Penal, el cual define con precisión… Qué es un documento. 2. El alcalde tampoco podrá desvirtuar el que semanas atrás estuviera fuera del país porque basta con mirar su pasaporte o vídeos de seguridad aeroportuaria para evidenciar que 15 días atrás estuvo de regreso o que con dolo o culpa ocultó información. 3. El tercer elemento a ser analizado por la Fiscalía tiene que ver con que en su momento, el alcalde sí estaba cumpliendo funciones públicas porque con su asistencia al encuentro de alcaldes y gobernadores, lo hizo representando a su municipio. Es decir, usó su investidura para corresponder con la invitación que en términos formales le hiciera el Presidente de la República. Así las cosas y para el Fiscal General o sus delgados, los espacios de maniobrabilidad juridica que le quedan a la defensa son pocos. En calidad de analista en temas jurídicos, resto mérito a la tesis de la Fiscalía, como a sus elementos probatorios y advierto que dicha entidad no tiene competencia en el asunto, toda vez que no hay un resultado, un hecho dañoso, una víctima o la afectación de un bien jurídico. Y de llegar a aceptarse posibles infracciones por parte del imputado, sería ante la Procuraduría. La Fiscalía General de la Nación pierde competencia porque la Falsedad Ideológica en Documento Público contenida en el artículo 286 del Código Penal Colombiano es atribuible a funcionarios depositarios de la Fe Pública (Notarios, Contadores, Directores de Instrumentos Públicos, Secretarios de corporaciones como el Congreso, la Asamblea o el Concejo Mpal etc ) Que a su vez…servidores públicos como los alcaldes también se obligan a dar fe pública, pero desde su competencia y mediante actos administrativos propios de sus funciones. A s7 ingreso a Palacio, el alcalde de Popayán lo hizo en cumplimiento de funciones públicas como representante del Municipio de Popayán sin que como tal expidiera documento escrito y menos ideológico. A él se le preguntó y para efectos de ingreso a Palacio aquel contestó. El que haya rubricado, afirmado o negado no es pertinente a la Fiscalía puesto que, como alcalde o invitado presidencial, no lo hizo en carácter de indagado o buscando rendir testimonio juramentado. Eventualmente el alcalde, se vio envuelto a mitad de un procedimiento técnico para el ingreso. No hay duda que el Registro oficializado por el protocolo de ingreso constituye material probatorio pero…para efecto de que el alcalde asistió al evento con el presidente y de ninguna manera, como indicio o prueba de lo que allí se consignó. Y es fácil determinarlo porque el papel firmado o diligenciado por López no estaba precedido de la gravedad de juramento. Además bueno es precisar que toda declaración falsa se constituye en delito SI Y SOLO SI llega a influir en las decisiones de otro funcionario público. Con su declaración (indecorosa o no; indebida o no) el alcalde no creó ninguna afectación y menos a la FE PÚBLICA porque para que se configure una falsedad ideológica, dicho contenido debe proferirse por persona competente. Y hasta donde se, la Guardia Protocolaria de la Casa de Nariño no es una autoridad competente con función averiguatoria en asuntos oficiales de alcaldes, como para que indague, Dónde estuvo Juan Carlos López 14 días atrás. Si estos funcionarios no tenían competencia jurisdiccional, la información a ellos entregada no puede utilizarse con fines distintos a los que permitieron su ingreso a Palacio. Y es que entre múltiples razones, afirmar o negar si se estuvo fuera del país no hace parte de las funciones de un alcalde, ¿Cómo entonces? puede predicarse que López Castrillón incurrió en Falsedad en Documento Público si, para que se configure dicho tipo penal debe producirse desde una competencia legal. Finalmente quiero indicar que…la Fiscalía General de la Nación está constitucionalmente obligada a adelantar el ejercicio de la Acción Penal y, a realizar la investigácion de los hechos que revistan características de un delito. Que para tales efectos, la conducta punible debe ser típica, antijurídica y culposa. En tal integración taxativa, la conducta de Juan Carlos López Castrillón no corresponde a un delito, siempre que no hubo tipicidad, no hay un resultado dañoso, no se afectó un bien jurídico, no se incurrió en antijuridicidad, ni en culpabilidad. Que con la asistencia de López Castrillón al evento presidencial nadie se contagio de agente infeccioso. Por tanto, la Fiscalía no está llamada a conocer, a investigar, a imputar o a acusar. Así establecido, he de esperar que también intervenga la Procuraduría, momento para el cual estaré interesado en demostrar que el comportamiento del alcalde de Popayán se ajusta a derecho y que sobre él no caben juicios y menos el de responsabilidad penal.

Por: Hemberth Javith Paz Gómez El presidente de la República Iván Duque espera del Ministerio de Justicia el Decreto que permita conceder libertad condicional a muchos internos de las 138 cárceles del país para descongestionar y evitar una pandemia mayor con el hacinamiento de los internosque se estima en el 154%. Se prevé que un 8% de los 70 mil y más presos de los centros carcelarios de este país, salgan con la medida. La Fiscalía de acuerdo con la facultad constitucional que le asiste, de participar en el diseño de la Política Criminal del país,  presentó consideraciones sobre el proyecto de excarcelación transitoria por emergencia sanitaria buscando proteger los derechos humanos de los internos y de la ciudadanía en general, estableciendo parámetros precisos sobre quiénes deben salir de las cárceles: madres gestantes, enfermos y reclusos que han cometido delitos con penas inferiores a cinco años de prisión, atendiendo recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y medidas adoptadas por otros países. Estas personas saldrían a centros de reclusión temporal o a sus casas, siempre y cuando, el vital se les garantice. ¿Bueno, y a la sociedad, la colectividad, la gente de bien, quien la protege?. Muchos saldrán a seguir en su oficio de delinquir. Es asunto que debe quedar claro para no tener que encontrarnos con aquellos “que son un peligro para la sociedad” que están en la cárcel y por la gravedad de sus delitos purgan prisión. Otros delincuentes de una vez los coloca el Juez en casa por cárcel. El aporte de la Fiscalía con el gobierno en este caso es fundamental como ente acusador en los procesos penales de ahí su colaboración armónica para que el Gobierno Nacional tenga elementos de peso a la hora de tomar decisiones en beneficio de los colombianos: proteger el derecho fundamental a la salud de la población privada de la libertad y la integridad y patrimonio de los ciudadanos de bien. Y que los excarcelados tengan la garantía de su mínimo vital y por lo menos, atención en salud y que los ciudadanos de bien tengamos la garantían que no delinquirán.