Toda una bomba política es la providencia de la Corte Suprema de Justicia y de carambola a tres bandas con la Fiscalía de la Nación, quienes determinaron abstenerse de abrir investigación, en el caso que se ocupaba del Senador Temístocles Ortega Narváez.
Pasaron varios años de investigación que culminan hoy, en plena Navidad símbolo de la alegría en unos hogares y de tristeza y amargura en otros. Recordemos que, este boroló se suscitó con la celebración, ejecución y liquidación del convenio de asociación 086 del 24 de junio de 2015, correspondiente a los Juegos Supérate, suscrito entre Ara Bolena García Ricardo como gerente de Indeportes Cauca y Luis Gerardo Franco Arce como representante legal de la Fundación Redes.
El alto tribunal de justicia, intervino ante la denuncia presentada en contra del Senador Ortega Narváez por Ana Bolena García Ricardo, exgerente de Indeportes Cauca y su esposo Carlos Enrique Pito Polanco, cuando estalló el escándalo al descubrirse un detrimento patrimonial de más de 458 millones de pesos. Trataron de envolverlo bajo la acusación de mover la maquinaria gubernamental para financiar una campaña electoral. Pero, la Corte Suprema de Justicia comprobó que todo lo denunciado “fue un entramado mentiroso en el que intentaron involucrar, además, a la misma fiscalía general de la Nación, y a otras personas, descartando cualquier tipo de responsabilidad penal del investigado en las conductas punibles atribuidas por el binomio Pito Polanco – García Ricardo, cónyuges por demás”.
Seguramente, habrá quienes opinen sobre la incredulidad en las altas esferas de la justicia, porque cuando no conviene reniegan y rechazan los fallos. Pero quiérase o no, el caso queda cerrado y, ahora tendrán sobre sus hombros las responsabilidades, otros menos el senador Temístocles Ortega Narváez, quien recorre los caminos del Cauca, buscando la reelección en el Congreso de Colombia. Sin duda, es el mayor elector, porque para él, la política es un ejercicio de voluntad de empatía, poniéndose en el lugar del otro para avanzar.
Lo cierto es que, el termómetro político y la confianza, lo marcó el día de su inscripción ante la registraduría del estado civil con el multitudinario acompañamiento de seguidores y, ahora sin ninguna preocupación tras la reciente decisión judicial a su favor.
Es costumbre muy generalizada, referirse a los órganos jurisdiccionales como “tribunales de justicia”, con lo cual no se pretende afirmar que sean ellos formas precisas de realización del ideal jurídico, sino medios de cumplir la legalidad. Siendo el papel de los tribunales cumplir o aplicar el derecho vigente, con una propiedad absoluta, deberíamos decir “tribunales de legalidad”, para indicar su verdadero carácter. Esta acepción, además del uso generalizado que tiene en el lenguaje corriente, es utilizada también en el pensamiento filosófico. Aristóteles, en “La Gran Moral”; la menciona expresamente cuando dice: “si estudiamos la naturaleza misma de lo justo, reconocemos que es de dos clases. La primera es lo justo según la ley, y en este sentido se llaman justas las cosas que la ley ordena”. Así que el respeto y acatamiento a los fallos judiciales y su cumplimiento, así no se compartan, son elementos esenciales del sistema democrático.
