El Gobierno de Gustavo Petro ha enfrentado críticas y controversias luego de la aprobación de sus reformas pensional y laboral durante el periodo legislativo 2023-2024, que concluyó el pasado 20 de junio.
Aunque el presidente celebró los avances de sus proyectos, expertos y sectores del país expresan preocupación por las consecuencias económicas y sociales que podrían desencadenarse.
Reforma Pensional: Inconveniente y fiscalmente insostenible
La reforma pensional, aprobada en una sesión polémica donde se ratificó el texto del Senado sin debate adicional en la Cámara de Representantes, ha sido duramente criticada. Según Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, la medida es “absolutamente inconveniente” y podría ser insostenible fiscalmente.
Londoño señaló que, si bien elimina las megapensiones, pone en riesgo las pensiones futuras de los jóvenes colombianos al no garantizar los recursos necesarios para su financiamiento a largo plazo.
Además, destacó que la aprobación sin un debate adecuado podría llevar a su revisión por parte de la Corte Constitucional debido a posibles inconsistencias constitucionales.
Reforma Laboral: Incremento de costos y pérdida de empleo
En cuanto a la reforma laboral, que recibió su primer debate en la Cámara de Representantes, Londoño advirtió que aumentar los costos laborales en un país donde la informalidad supera el 50% podría tener consecuencias devastadoras para el empleo formal. Según un estudio del Banco de la República, se estima que la medida podría resultar en la pérdida de hasta 450,000 empleos formales, exacerbando aún más las cifras de desempleo en Colombia. Londoño criticó especialmente disposiciones como la reinstauración del recargo nocturno desde las 7:00 p.m., argumentando que podría desincentivar la formalización laboral y llevar a más trabajadores hacia la informalidad.
Reacciones y futuro incierto
Las reacciones no se han hecho esperar. Sectores empresariales como Fenalco han expresado su preocupación, advirtiendo que las reformas podrían provocar el cierre de numerosos establecimientos comerciales y afectar negativamente la dinámica productiva del país. Mientras tanto, la oposición ya ha anunciado su intención de presentar demandas ante la Corte Constitucional para impugnar ambas reformas, subrayando las divisiones y la incertidumbre que rodea las políticas económicas del Gobierno Petro.
En resumen, aunque el presidente Petro defiende estas reformas como cruciales para el futuro económico de Colombia, las críticas y preocupaciones de diversos sectores y expertos sugieren un panorama desafiante y lleno de incertidumbre en los meses por venir.
