La Aerocivil se pronunció este 30 de julio en medio de los cuestionamientos por sus procesos de contratación y del reclamo de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien aseguró haber recibido información incompleta de la entidad. Aunque la institución anunció una revisión interna y prometió entregar los documentos requeridos, no respondió directamente a las denuncias relacionadas con Gabriela Muñoz.
En el comunicado divulgado a las 5:45 de la mañana, la Aeronáutica Civil ratificó su compromiso con la transparencia, el manejo riguroso del presupuesto y la colaboración con los organismos de control. También indicó que revisará los procedimientos cuestionados y facilitará la información solicitada por las autoridades.
La declaración se conoció después de que Rojas denunciara que pidió el listado completo de los contratos de prestación de servicios en formato Excel, pero recibió un PDF incompleto que no le permitía comparar los datos ni examinar las alertas identificadas.
“A mí no se me puede ocultar información, ni a nadie”, advirtió la ministra al anunciar que tomaría las acciones necesarias para obtener la documentación completa.

Aerocivil anuncia revisión, pero no aclara el envío incompleto
La Aerocivil manifestó que realizará una revisión exhaustiva de sus procesos contractuales y entregará completamente la documentación requerida por las autoridades. Además, aseguró que colaborará con los organismos encargados de adelantar las investigaciones y auditorías correspondientes.
La entidad afirmó que ningún funcionario tiene privilegios ante la ley ni frente a los organismos de fiscalización. También anunció que fortalecerá sus mecanismos de contratación y acceso a la información.
Sin embargo, el comunicado no confirma ni desmiente que la información remitida al Ministerio de Transporte estuviera incompleta. Tampoco explica por qué los documentos no habrían sido entregados en el formato solicitado por la ministra.
María Fernanda Rojas había señalado que la Procuraduría y la Contraloría adelantan actuaciones relacionadas con la gestión de la entidad por solicitud de su despacho. La funcionaria también pidió que el director de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, y quienes participaron en las decisiones administrativas respondan por sus actuaciones.
Comunicado no menciona a Gabriela Muñoz
El pronunciamiento tampoco menciona a Gabriela Muñoz ni responde a los señalamientos sobre la presunta vinculación de algunos de sus familiares a la entidad.
La controversia comenzó después de que el representante a la Cámara Daniel Briceño denunciara que Muñoz habría utilizado su influencia para favorecer la contratación de personas de su círculo familiar. Los señalamientos incluyen a su hermano, Santiago David Muñoz, y a otras personas identificadas por el congresista como familiares de la exfuncionaria.
Estas afirmaciones corresponden a denuncias que deberán ser verificadas por las autoridades y no constituyen, por sí mismas, una prueba de tráfico de influencias o de irregularidades contractuales.
Gabriela Muñoz negó los señalamientos. La exfuncionaria sostuvo que es víctima de una campaña de desprestigio, defendió que llegó al Estado por sus méritos y anunció acciones legales contra quienes, según afirmó, han difundido información falsa.
Aerocivil ratifica su compromiso con la transparenciaEntidad defiende el manejo de sus recursos
Además de anunciar la revisión de los contratos, la Aerocivil presentó cifras de su gestión presupuestal y de infraestructura. La entidad reportó ahorros superiores a $24.042 millones en servicios logísticos y la entrega de siete obras por más de $111.500 millones.
También informó que mantiene diez proyectos estratégicos en ejecución y señaló que la modernización de la red de radares está proyectada en más de $4,6 billones. A esto sumó una inversión superior a $136.000 millones en las obras del aeropuerto de Santiago de Tolú.
Sobre el Conpes Aeroportuario, la institución aclaró que las etapas de contratación comenzarán formalmente el 7 de agosto y que la aprobación del documento no implica la disponibilidad inmediata de los recursos ni la adjudicación directa de contratos.
Pese a las cifras y medidas anunciadas, permanecen sin respuesta los interrogantes centrales planteados por la ministra: qué información fue entregada, por qué no estaba completa y qué ocurrió en los procesos contractuales que originaron las alertas.
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