Tras extensas jornadas de debate, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron los recursos para financiar el funcionamiento del Estado, el pago de la deuda y la inversión pública. Durante la discusión se reforzó el presupuesto de salud y se redujeron $181.400 millones a la JEP. El proyecto quedó pendiente de sanción presidencial.
El Congreso de la República aprobó en Bogotá, durante la madrugada del martes 20 de octubre de 2026, el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones, después de una extensa jornada de discusiones en el Senado y la Cámara de Representantes. La decisión definió los recursos con los que el Gobierno nacional financiará sus obligaciones, programas y proyectos durante el próximo año.
La aprobación se produjo luego de varios meses de trámite legislativo y de una última jornada en la que los congresistas discutieron cambios en la distribución del dinero. Entre las decisiones estuvieron el fortalecimiento de los recursos para salud, pensiones y subsidios de energía y gas, así como una reducción presupuestal a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El proyecto recibió el respaldo de ambas corporaciones con el mismo texto, por lo que no necesitó una conciliación adicional. Con este resultado, el Gobierno evitó tener que adoptar el presupuesto mediante decreto y dejó la iniciativa pendiente de la firma del presidente Abelardo de la Espriella para convertirse en ley.
Presupuesto 2027: así se desarrolló su aprobación en el Congreso
El trámite del presupuesto había comenzado el 29 de julio de 2026, cuando el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro presentó una propuesta de $575,7 billones. Posteriormente, tras el cambio de administración, el nuevo Gobierno solicitó devolver el proyecto y presentó el 27 de agosto una propuesta de $634,9 billones, con la que buscó incorporar obligaciones relacionadas con salud, pensiones, funcionamiento del Estado, subsidios y deuda pública.

El 14 de septiembre, las comisiones económicas del Congreso aprobaron el monto global. Durante las siguientes etapas se discutió la distribución de los recursos entre entidades y sectores, sin modificar la cifra total autorizada.
La última jornada comenzó el lunes 19 de octubre con las discusiones en las plenarias. El Senado concluyó la aprobación cerca de las 11:00 de la noche, luego de más de diez horas de debate. La votación definitiva registró 57 votos a favor y uno en contra, mientras otros congresistas se retiraron antes de la decisión final.
Posteriormente, la Cámara de Representantes continuó el estudio del proyecto. Durante la sesión se discutió una ponencia alternativa del Pacto Histórico, que planteaba un presupuesto cercano a los $598 billones.
Sin embargo, después de examinar las proposiciones, la Cámara acogió el texto aprobado previamente por el Senado. La votación concluyó aproximadamente a las 3:43 de la madrugada del martes 20 de octubre, con lo que terminó la discusión legislativa del presupuesto para 2027.

¿Cómo quedaron distribuidos los $634,9 billones aprobados?
El presupuesto aprobado estableció tres grandes destinos para los recursos nacionales.
La mayor cantidad quedó destinada al funcionamiento del Estado, con aproximadamente $393,2 billones. Este dinero permitió presupuestar los gastos necesarios para sostener la operación de las entidades públicas y atender las obligaciones administrativas y de personal.
Otros $147,1 billones correspondieron al servicio de la deuda, es decir, los recursos previstos para cumplir los compromisos financieros adquiridos por el país.
Finalmente, alrededor de $94,6 billones fueron destinados a inversión pública, que comprende los recursos presupuestados para proyectos y programas en diferentes sectores y regiones de Colombia.
Durante el segundo debate, los congresistas modificaron la distribución de algunas partidas. El servicio de la deuda se redujo en aproximadamente $8,36 billones frente a la propuesta anterior, mientras se fortalecieron los recursos destinados a inversión y funcionamiento.
Estos movimientos no aumentaron el monto total aprobado, sino que reorganizaron el dinero disponible entre distintas necesidades del Estado.
Salud recibió más recursos y se fortalecieron subsidios y pensiones
Uno de los principales cambios durante los debates fue el incremento de los recursos destinados al sector salud.
El Congreso aprobó una adición de $3 billones, que se sumaron a otros $2 billones incorporados previamente. De esta manera, los recursos adicionales contemplados para atender las necesidades del sistema de salud llegaron a $5 billones.
El Ministerio de Hacienda explicó que estos fondos fueron incluidos para atender obligaciones del sector y contribuir a enfrentar la crisis de financiación de los servicios de salud.

También se incorporaron $6,5 billones adicionales para atender obligaciones pensionales, mientras que en educación superior pública se reconocieron necesidades de financiación cercanas a $700.000 millones para el funcionamiento de las universidades estatales.
En materia energética, el presupuesto recibió una adición de $3 billones destinada a subsidios de electricidad y gas. Estos recursos fueron contemplados para apoyar la financiación de los beneficios aplicables a los usuarios y cubrir obligaciones del sector.
El proyecto también incorporó una apropiación de $9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), con el propósito de cubrir compromisos que no tenían una asignación explícita en la propuesta inicial.
En materia de seguridad, el Gobierno informó que se contemplaron $82,8 billones para respaldar las funciones de la Fuerza Pública y las capacidades de investigación y lucha contra el delito. De ese monto, $74,9 billones correspondieron a Defensa y Policía, mientras que la Fiscalía General de la Nación contó con una asignación de $7,8 billones.
La JEP tuvo un recorte de $181.400 millones en el presupuesto
Otra de las modificaciones que generó atención durante el trámite fue la reducción de recursos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de investigar y juzgar graves delitos cometidos durante el conflicto armado colombiano.
El presupuesto de esta jurisdicción registró una disminución total de $181.400 millones, integrada por un ajuste inicial de $170.000 millones y un recorte adicional de $11.400 millones aprobado durante las discusiones.

Estos últimos recursos fueron trasladados al Ministerio de Defensa para atender indemnizaciones relacionadas con integrantes de la Fuerza Pública afectados durante el servicio.
El congresista Daniel Briceño se pronunció sobre el recorte presupuestal, cuya cifra también apareció en los documentos divulgados por el Gobierno nacional.
Según la información oficial del Ministerio de Hacienda, la reducción no afectaría el funcionamiento de la JEP ni el cumplimiento de sus funciones misionales. Sin embargo, las fuentes consultadas no detallaron cómo se distribuiría internamente el ajuste dentro de esa jurisdicción.
Abelardo de la Espriella y el ministro de Hacienda reaccionaron a la aprobación
Tras conocerse el resultado de las votaciones, el presidente Abelardo de la Espriella agradeció públicamente al Congreso por respaldar el proyecto.
A través de su cuenta en X, el mandatario expresó:
“Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación”.
El presidente también sostuvo que Colombia necesitaba el compromiso de todos en un momento decisivo para el futuro del país.
Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación. En un momento decisivo, para el futuro de la República, Colombia necesita el compromiso de todos.
¡Firme por la Patria!
¡Que viva Cristo Rey!
(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 20, 2026
Por su parte, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, intervino al finalizar la sesión de la Cámara de Representantes y agradeció tanto a los congresistas que respaldaron el proyecto como a quienes participaron desde la oposición.
El funcionario describió el trámite como uno de los más difíciles que había tenido que considerar el Congreso y señaló que la aprobación representaba, para el Gobierno, un avance en su propósito de reorganizar las finanzas nacionales.
“Este es el primer paso para empezar a recuperar la estabilidad de nuestra economía, para generar crecimiento y prosperidad”, manifestó Gómez.

El ministro también reconoció el trabajo adelantado durante los dos meses anteriores y agradeció a los representantes por permanecer en la discusión hasta las primeras horas de la mañana.
La aprobación ocurrió en medio de los debates sobre la situación fiscal del país y las medidas de austeridad propuestas por la administración nacional. El Gobierno había anunciado una nueva iniciativa de ajuste fiscal, con la que buscaría atender los problemas de financiación y reducir el gasto público.
¿Qué faltaba para que el Presupuesto 2027 se convirtiera en ley
Con la aprobación del Senado y la Cámara de Representantes, el proyecto completó su trámite de discusión y votación en el Congreso.
Como ambas corporaciones aprobaron el mismo texto, no fue necesario convocar una comisión de conciliación para resolver diferencias entre las versiones.
El siguiente paso fue dejar el proyecto listo para la sanción presidencial, procedimiento mediante el cual el presidente Abelardo de la Espriella debía firmar la iniciativa para convertirla en ley de la República.
Una vez sancionada y promulgada, la norma establecería las autorizaciones presupuestales para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027.
Aunque el Congreso ya había definido el monto y la distribución de los recursos, su aprobación no significó que el dinero hubiera sido ejecutado. Las entidades nacionales tendrían que desarrollar sus programas, proyectos y obligaciones conforme a las apropiaciones autorizadas y a los procedimientos presupuestales correspondientes.
Al cierre de la información conocida este martes 20 de octubre, el Presupuesto General de la Nación para 2027 había superado su aprobación en el Congreso y permanecía pendiente de sanción presidencial. Paralelamente, el Gobierno preparaba una nueva iniciativa fiscal que requeriría su propio trámite legislativo.
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