Directivos de la Federación Nacional de Pirotécnicos, Fenalpi, rechazaron las declaraciones del alcalde del municipio de Popayán, César Cristian Gómez Castro, sobre los controles que pretende ejercer sobre la venta de pólvora.
Según esta Organización, el mandatario criticó la decisión del alcalde de Timbío, Libardo Vásquez, de respetar la Ley 670 de 2001 y la Sentencia de la Corte Constitucional C790 de 2002, afirmando que “llevaría a las fuerzas militares a la zona para ejercer presión en contra de esta decisión”.
“La Sentencia de la Corte Constitucional C790 de 2002 es muy clara en tanto establece que es potestad de los alcaldes decidir cómo regular la fabricación, comercialización y uso de productos pirotécnicos legales y que cumplen con norma técnica en el país”, señaló Fenalpi en un comunicado.
Carlos Carvajal, presidente de la Federación, afirmó que es insensato que el Alcalde quiera presionar a que otro mandatario piense, tome decisiones o actúe igual que él, por medio de su mención de las fuerzas militares.
Recordó que, las acciones de Gómez Castro con las que viola la regulación no son nuevas, pues en 2017, la Alcaldía fue demandada por empresarios del sector de pirotecnia ante una decisión de incautar y destruir “sin el debido proceso legal”, mercancía que cumplía con todos los requisitos establecidos por el marco normativo de pirotecnia en el país.
“Aunque el sector de la pirotecnia formal está acostumbrado a que las autoridades mezclen lo profesional y lo informal en un mismo costal, estas declaraciones no tienen precedentes. El señor Gómez debe respetar la regulación vigente, no puede seguir actuando como si él estuviera por encima de la ley”.
Reducir quemados
A su turno, el delegado de Relaciones Públicas de la Federación, Jaime Rodríguez, sostuvo que elpropósito es realizar una actividad responsable y segura, encaminada a reducir las cifras de lesionados con pólvora, lo que se hace a partir de la reglamentación con leyes vigentes.
Insistió en que en Timbío, la comercialización de artículos pirotécnicos es regulada y ayuda a bajar las estadísticas de quemados de manera significativa.
Por otra parte, dijo que la prohibición incentiva un mercado clandestino, no regulado y no formalizado que causa que existan más lesionados.
“Estamos hablando de una actividad económica formal, como cualquier otra, que cumple requisitos (…) Consideramos que donde se reglamenta la actividad se ha generado descenso en el número de personas lesionadas”.
