El ex Gobernador del Cauca, Temístocles Ortega Narváez acusado ante la Corte Suprema de Justicia por presunto caso de corrupción, ocurrido en los años que se desempeñó como la primera autoridad de este departamento.
Las presuntas irregularidades estarían en un contrato de 2.500 millones para la ampliación de la pista del aeropuerto del municipio de López de Micay, costa pacífica caucana.
De acuerdo con el alto tribunal, el exmandatario responde por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Según el alto tribunal, Temístocles Ortega cuando gobernó el departamento (2012-2015), dio luz verde a un contrato por más de $2.500 millones para ampliar la pista del aeropuerto de López de Micay, pero, el proyecto no tuvo en cuenta varios requisitos legales que eran su responsabilidad, además, la obra se entregó incompleta.
Dentro de la investigación, la Sala encontró que en julio de 2013, el entonces gobernador Ortega tramitó un proyecto para ampliar en 200 metros la pista de aterrizaje del aeropuerto del municipio de López de Micay.
La obra priorizada por la administración de Ortega tuvo un presupuesto inicial de $2.807′708.294, que salieron de los recursos del sistema general de regalías, específicamente, del fondo de compensación regional.
El entonces gobernador del departamento adelantó la licitación para el proyecto que finalmente le entregaron en agosto de 2014 a la Fundación EDICOL, representada legalmente por María Margarita Zapata Paredes.
El contrato tuvo como objeto “la ampliación en 200 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto del municipio de López de Micay, por un valor de $2.599′729.902, con un plazo inicial de 6 meses”.
Lo que dice la Corte
La Sala resalta que no se realizaron y presentaron los documentos del diseño de la obra y que los planos no daban el soporte necesario para seguir avanzando con el proyecto.
También, dice el alto tribunal, no se tuvo en cuenta la reglamentación aeronáutica para construir los 200 metros de pista que se habían contratado.
El permiso para la obra fue concedido por el alcalde de López de Micay, pero no pasó por la revisión de la Aeronáutica Civil. Incluso, la Corte encontró que la solicitud a la autoridad aeronáutica para que revisara el proyecto se hizo dos años después de la firma del contrato.
Dentro de otros incumplimientos que habrían existido dentro de esa contratación, dice la Corte, está que, al parecer, el entonces gobernador presentó documentos falsos sobre la licencia ambiental que se exigía para seguir adelante con la obra. Dice la Sala que Ortega Narváez, como representante legal del Departamento del Cauca, y máximo orientador de la planeación de la Gobernación, no realizó su trabajo y dejó pasar estos requisitos.
