Sobre la cultura, la memoria histórica y el peligro de convertir al Estado en instrumento de una ideología.
Por Edgar Iván Vásquez | Politólogo
Colombia no necesita borrar su historia para construir su futuro. Mucho menos necesita que el Estado decida qué partes de nuestra memoria merecen ser recordadas y cuáles deben desaparecer porque resultan incómodas para la visión ideológica del gobernante de turno.
El presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado una «contrarrevolución cultural» contra lo que denomina wokismo y socialismo ateo. En ese contexto, el retiro de piezas del Museo Nacional relacionadas con la diversidad sexual, los movimientos sociales, las víctimas de la violencia política y los procesos de paz plantea una preocupación que trasciende una discusión sobre exposiciones artísticas: ¿quién tiene el poder de decidir qué historia puede contar Colombia sobre sí misma?
Una patria milagro no se construye borrando aquello que nos incomoda. Se construye teniendo el valor de reconocer lo que hemos sido, incluso cuando nuestra historia nos confronta con nuestras propias contradicciones.
Memoria histórica en Colombia: reconocer el pasado para construir el futuro
Colombia ha sido escenario de un conflicto armado prolongado, de masacres, de desapariciones forzadas, de persecución política y de graves violaciones de los derechos humanos. El exterminio de militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica, el asesinato de líderes políticos y la violencia ejercida contra diferentes sectores de la sociedad no son asuntos que deban desaparecer de nuestros museos por decisiones políticas. Son acontecimientos que debemos comprender para evitar que vuelvan a repetirse.
Recordar no significa justificar. Exhibir una pieza histórica no equivale a glorificar a sus protagonistas, creer en o apoyar un proceso de paz no significa desconocer los crímenes cometidos por quienes participaron en él. La memoria histórica exige precisamente eso: distinguir, contextualizar, investigar y comprender, en lugar de reducir la complejidad del pasado a una narrativa conveniente para el presente.
Una democracia madura no le debe temer a la historia. Le teme, en cambio, a la posibilidad de que el poder pretenda monopolizarla.
Patrimonio cultural y diversidad: ¿quiénes tienen derecho a reconocerse en Colombia?
Tampoco podemos olvidar que Colombia es una nación pluriétnica y multicultural, cuya riqueza no se limita a sus iglesias coloniales, su arte sacro o sus monumentos arquitectónicos. Nuestro patrimonio también vive en las lenguas ancestrales de los pueblos indígenas, en los saberes de las comunidades afrocolombianas, en las tradiciones de nuestros territorios, en las expresiones populares y en las identidades de quienes históricamente han tenido que luchar para ser reconocidos.
Las lenguas nasa yuwe, namtrik, Iku (lengua arhuaca) y tantas otras expresiones lingüísticas y culturales constituyen una herencia que merece protección. También la merecen las memorias de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como las expresiones culturales de una sociedad diversa en sus identidades, sus convicciones y sus formas de vivir y sentir.
Por eso, la pregunta no es si debemos proteger el patrimonio nacional. Por supuesto que debemos hacerlo. La pregunta es: ¿qué entendemos por patrimonio y quiénes tienen derecho a reconocerse en él?
El patrimonio de una nación no puede convertirse en una selección ideológica de aquello que un gobierno considera digno de representar. Si la cultura es únicamente la expresión de una tradición elegida desde el poder, deja de ser un espacio de encuentro y se convierte en un instrumento de exclusión.
Libertad cultural y pluralismo democrático frente a la imposición ideológica
Esta preocupación también debe extenderse a la libertad de creación, al acceso al conocimiento y a la autonomía de las instituciones culturales. La revisión de una exposición puede ser legítima cuando responde a criterios técnicos, curatoriales y patrimoniales transparentes. Pero cuando las decisiones de retirar o excluir expresiones culturales se enmarcan en una ofensiva ideológica contra determinadas identidades o interpretaciones históricas, tenemos razones para encender las alarmas.
El Estado no tiene que compartir todas las ideas que circulan en la sociedad. Su obligación democrática es garantizar que puedan existir, expresarse y ser discutidas dentro del marco de los derechos fundamentales. La función de las instituciones públicas no es imponer una visión única de la sociedad, sino proteger las condiciones que permiten la coexistencia de distintas visiones del mundo.
Educación sexual integral: proteger a la infancia sin convertir los derechos en una batalla ideológica
Y esta discusión no termina en los museos.
La educación sexual integral, adecuada a cada etapa del desarrollo, tampoco debería convertirse en un campo de batalla ideológico. Informar a niños, niñas y adolescentes sobre su cuerpo, el consentimiento, la prevención de la violencia sexual, la salud reproductiva y el respeto por los demás no significa adoctrinarlos. Significa ofrecerles herramientas para protegerse, tomar decisiones informadas y reconocer situaciones de abuso.
Resulta profundamente contradictorio afirmar que se quiere proteger a la infancia mientras se debilitan las herramientas educativas que pueden contribuir a prevenir las violencias que la afectan. La protección de la niñez no puede depender del temor a una supuesta agenda ideológica; debe sustentarse en evidencia, derechos, prevención y responsabilidad pública.
Una política cultural o educativa no se vuelve legítima simplemente porque refleje las convicciones morales del presidente. En una democracia constitucional, el poder tiene límites: los derechos humanos, la igualdad, el pluralismo y el reconocimiento de la dignidad de todas las personas.
No se trata de reemplazar una ortodoxia por otra. Se trata de comprender que el Estado pertenece a todos los ciudadanos, no exclusivamente a quienes comparten las creencias del gobierno de turno.
Colombia necesita más democracia, educación y justicia, no menos memoria
Construir una patria milagro debería significar reducir las desigualdades, superar las brechas económicas, fortalecer la educación, proteger a la infancia, garantizar los derechos de las mujeres, reconocer a las víctimas y salvaguardar la diversidad cultural de nuestros territorios. Debería significar que ninguna persona tenga que renunciar a su identidad para ser reconocida como parte de la nación.
La verdadera grandeza de Colombia no está en fingir que nunca hemos tenido conflictos, en silenciar las memorias incómodas ni en imponer una idea homogénea de lo que significa ser colombiano. Está en nuestra capacidad de reconocer las diferencias, aprender de los errores y construir acuerdos sin exigir que todos pensemos, sintamos o vivamos de la misma manera.
No podemos permitir que el patrimonio se convierta en una herramienta de revisionismo ideológico, que la memoria dependa de la conveniencia política o que la diversidad sea tratada como una amenaza para la identidad nacional.
Porque una nación que borra sus heridas no necesariamente las sana. Una sociedad que silencia sus diferencias no necesariamente alcanza la unidad. Y un gobierno que confunde sus convicciones particulares con el interés general corre el riesgo de convertir la institucionalidad democrática en un instrumento de exclusión.
Colombia no necesita menos memoria, menos diversidad ni menos pensamiento crítico. Necesita más democracia, más educación, más justicia y más capacidad de reconocerse en toda su complejidad.
La patria no se construye borrando a quienes somos, a quienes fuimos o a quienes pensamos diferente.
La patria se construye cuando todos tenemos un lugar en ella, incluso cuando nuestra existencia, nuestra memoria o nuestras ideas incomodan al poder.
Edgar Iván Vásquez
Politólogo
Te puede interesar: Café honey: productor de Piendamó apuesta por dar más valor
