En la primera fase de la audiencia de medida de aseguramiento, relacionada con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Fiscalía General de la Nación solicitó que los implicados Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rocero los envíen a una guarnición militar por razones de seguridad.
La petición se produce tras más de siete horas de exposiciones y argumentos en el tribunal.
Argumentos de peso para la solicitar protección
La fiscal Cristina Patiño presentó un detallado argumento para justificar la solicitud, señalando que, los tres imputados han recibido amenazas debido a su intención de colaborar con la justicia y delatar a otros involucrados en el escándalo de corrupción.
La fiscal subrayó la necesidad de garantizar la protección de los implicados durante el proceso judicial.
“Solicitamos que, en caso que acepten la medida de aseguramiento privativa de la libertad, se disponga que esta se cumpla en una guarnición militar. Los motivos para esta solicitud se basan en razones de seguridad de los imputados”, indicó Patiño durante la audiencia.
El abogado Luis Gustavo Moreno, defensor de Sneyder Pinilla, apoyó la solicitud de la Fiscalía pero pidió que se garanticen medidas de protección para los testigos y sus familias.
Moreno, enfatizó que, no es apropiado enviar a los testigos a lugares donde podrían estar en contacto con las personas que señalarán durante el juicio.
“La ley penitenciaria establece que los testigos no deben estar en contacto con los acusados. Enviar a los testigos a una cárcel común pone en riesgo su seguridad y la de sus familiares”, argumentó el abogado.
Por otro lado, el abogado Francisco Bernate también respaldó la solicitud de la Fiscalía, destacando la necesidad de proteger a los testigos clave en el caso. Bernate hizo un llamado a evitar que los testigos se expongan a peligros innecesarios mientras se resuelve su situación legal.
“La protección de los testigos es crucial, especialmente en un caso de esta magnitud. No podemos arriesgar la seguridad de personas que están colaborando con la justicia”, comentó Bernate.
La decisión sobre la solicitud de la Fiscalía se encuentra en espera, ya que las partes involucradas deben revisar y comentar las pruebas presentadas antes de que el juez tome una decisión final.
