La Alcaldía Distrital de Buenaventura suspendió la aplicación del Decreto 0338 de 2026, que establecía un cobro de $4.235 por tonelada de carga movilizada desde o hacia las terminales portuarias. La decisión se conoció después de la mediación de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y de las preocupaciones expresadas por gremios y empresarios frente al impacto que tendría la medida sobre los costos logísticos y la competitividad del puerto.
La suspensión fue confirmada por Toro luego de un encuentro con el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (CIEV). La mandataria explicó que había sostenido una conversación con la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba, quien le manifestó que el decreto no sería aplicado.
“Había muchas dudas y muchas preocupaciones por el decreto, con algunos argumentos válidos, pero que en este momento no era conveniente aplicar”, señaló la gobernadora al referirse a la decisión.
La medida contemplaba un cobro relacionado con cada tonelada movilizada por las empresas que transportaran mercancías de importación o exportación hacia o desde el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca.
Gremios cuestionaron el impacto del nuevo cobro
El rechazo se concentró en los efectos que podía tener el gravamen sobre los costos de las empresas vinculadas al comercio exterior. Asocaña sostuvo que la tarifa de $4.235 por tonelada se sumaría a otros costos asociados con congestiones, bloqueos y cierres viales.
El gremio también puso sobre la mesa la importancia de Buenaventura para las exportaciones del suroccidente colombiano. Según Asocaña, durante 2025 el sector azucarero exportó 624.000 toneladas de azúcar a más de 60 destinos y esas operaciones representaron el 51 % de las exportaciones conjuntas del Valle del Cauca y Cauca.
“Desde la agroindustria de la caña consideramos necesario buscar alternativas que contribuyan al desarrollo del Distrito, al fortalecimiento de su infraestructura y de su movilidad, sin ir en detrimento de su competitividad”, expresó Claudia Calero, presidenta de Asocaña.
Desde la Asociación de Comercio Exterior (Adicomex), su presidenta ejecutiva, Gloria Lucía Villegas, también respaldó la suspensión. La dirigente gremial señaló que la entrada en vigencia del Decreto 0338 habría incrementado los costos logísticos de las empresas.
La discusión pasó de la tarifa a los problemas de movilidad
La suspensión del cobro no cerró la discusión sobre las dificultades que enfrenta Buenaventura. Tras la decisión, la Gobernación del Valle planteó avanzar en una agenda para revisar los problemas que afectan el movimiento de mercancías y los desplazamientos dentro y fuera del distrito.
Dilian Francisca Toro indicó que los tiempos para entrar o salir de Buenaventura podían alcanzar ocho o nueve horas, situación que llevó a plantear nuevamente la necesidad de identificar los cuellos de botella que afectan la movilidad.
Carlos Eduardo Farfán, presidente del consejo del CIEV, señaló que además de suspender el decreto era necesario revisar las razones que habían llevado a plantear una medida de este tipo.
El dirigente propuso reactivar una mesa de trabajo para buscar una operación más eficiente y con menor impacto para Buenaventura, con participación de inversionistas, importadores, exportadores y otros actores relacionados con la actividad portuaria.
Buscaron reactivar la Mesa de Logística
Como parte de los pasos siguientes, la gobernadora anunció que solicitaría una reunión con representantes del Gobierno nacional para reactivar la Mesa de Logística.
El propósito planteado fue identificar los principales obstáculos que retrasaban la movilidad, especialmente la de carga, y buscar soluciones que también beneficiaran a los habitantes de Buenaventura.
Germán Jaramillo, director de la Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo, sostuvo que las dificultades logísticas hacían necesario darle mayor relevancia a este espacio de discusión para gestionar soluciones a los diferentes cuellos de botella.
Canal de acceso y vía Mulaló-Loboguerrero quedaron sobre la mesa
La discusión también incluyó tres proyectos mencionados por la Gobernación del Valle como necesarios para Buenaventura: la profundización del canal de acceso al puerto, la vía Mulaló-Loboguerrero y el acueducto del distrito.
La administración departamental informó que la Alcaldía de Buenaventura se reuniría con el Ministerio de Transporte para abordar la financiación de las obras requeridas.
De esta manera, la suspensión del Decreto 0338 evitó, por el momento, la aplicación del cobro de $4.235 por tonelada, mientras la discusión pasó a concentrarse en los problemas de movilidad, infraestructura y operación logística que habían sido señalados por autoridades y gremios.
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