En el marco del Congreso de Derecho Disciplinario que se celebra en Cartagena, la procuradora Margarita Cabello expresó su profunda preocupación por la creciente crisis de seguridad que afecta a 400 municipios en Colombia.
Según la jefa del Ministerio Público, la situación es cada vez más alarmante y ha llevado a un agotamiento en la capacidad de los alcaldes, y gobernadores para garantizar el orden público en sus regiones.
Cabello advirtió que es imperativo que se establezca una colaboración más efectiva entre los organismos territoriales y el Estado para enfrentar la crisis de seguridad.
“La seguridad debe ser una garantía proporcionada por el Estado, el Gobierno y la Fuerza Pública”, afirmó Cabello.
“La realidad es que, según nos reportan los ciudadanos, esa garantía no está siendo cumplida. Los líderes locales han llegado al límite de sus capacidades para mantener la seguridad en sus territorios y requieren un apoyo nacional urgente”.
Se debe fortalecer la fuerza pública
La procuradora enfatizó la necesidad de fortalecer la Fuerza Pública y la legitimidad del Estado en cualquier proceso de diálogo con grupos armados.
“Si se trabaja de manera coordinada y se mantiene la fortaleza del Estado, junto con las conversaciones válidas, podemos avanzar. Sin embargo, si se debilita la fuerza del Estado en favor de las conversaciones, la legitimidad del país también se ve comprometida”, advirtió.
En cuanto a la propuesta confidencial del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de negociar cambios en el modelo económico con el ELN, Cabello aclaró que la Procuraduría General de la Nación se mantiene vigilante para asegurar el cumplimiento de los deberes constitucionales.
“Nuestra misión es asegurar que se respeten la Constitución y las leyes. Mientras no haya incumplimiento, dejamos a las partes resolver sus diferencias. Sin embargo, si se vulneran las leyes, nuestra intervención será necesaria”, precisó la procuradora.
La intervención de Cabello subraya la urgencia de una respuesta coordinada para enfrentar la crisis de seguridad en Colombia, mientras el país se enfrenta a un entorno de creciente inseguridad y desafíos institucionales.
