Una nueva amenaza de violencia sacude al sistema penitenciario colombiano. En la mañana del 22 de mayo comenzó a circular un panfleto atribuido a la banda criminal “El Mago”, en el que se anuncia el inicio de “acciones armadas en todo el país” contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Amenazas en respuesta a traslados
La banda, cuyo nombre responde a las siglas Muerte a los Guardianes Opresores, señala como motivo de esta ofensiva la inconformidad por traslados recientes de reclusos a cárceles alejadas de sus familias, además de quejas sobre requisas “desmedidas”, mala alimentación y deficiente atención médica dentro de los centros penitenciarios.
Además, la situación es alarmante. Nuevamente los grupos al margen de la ley vuelven a amenazar al personal uniformado del Inpec. Solicitamos máxima atención del Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Dirección Nacional del Inpec.
“No queremos más compañeros asesinados”, declaró Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.
Nuevamente la banda delincuencial autodenominada “MAGO” amenaza con retomar el asesinato sistemático contra miembros del @INPEC_Colombia solicitamos investigar a la @FiscaliaCol y autoridades @MinjusticiaCo @infopresidencia @UNPColombia pic.twitter.com/Tnm7RbbWsx
— UTP Colombia (@UtpcolombiaOrg) May 22, 2025
El Inpec exige acción del Gobierno
El panfleto encendió las alertas en múltiples cárceles del país. De acuerdo con información preliminar, la amenaza ha sido difundida dentro de varios penales, generando preocupación por la posibilidad de atentados como los ocurridos en 2024, cuando esta misma banda fue vinculada con ataques armados y un paro armado decretado contra el Inpec en febrero de ese año.
Igualmente, la reaparición de “El Mago” ocurre en un contexto de creciente tensión carcelaria, y supone un nuevo reto para las autoridades penitenciarias y de seguridad. Hasta el momento, ni el Ministerio de Justicia ni la Dirección del Inpec han emitido un pronunciamiento oficial.
Así mismo, la situación está en desarrollo y se espera una respuesta institucional que garantice la seguridad del personal penitenciario y el control al interior de los centros de reclusión.
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