Cuando la Corte aprieta: la movida judicial que sacude al Gobierno Petro por la corrupción UNGRD
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue penalmente a 11 altos funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro por su presunta participación en el escándalo de corrupción UNGRD. La decisión, conocida este martes, representa uno de los reveses judiciales más significativos para el Ejecutivo en un caso que lleva más de un año sin resolverse.
#ATENCIÓN | Fuentes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema confirman que el despacho del magistrado Misael Rodríguez compulsó copias a la Fiscalía para que se investigue a al menos 10 altos funcionarios del gobierno por el caso de corrupción en la UNGRD. pic.twitter.com/KKSeFhhPk3
— Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 5, 2025
Una investigación que llega a la cúpula del Gobierno
La Corte Suprema busca establecer responsabilidades penales por presuntos contratos millonarios irregulares y acuerdos con congresistas para la aprobación de empréstitos y proyectos estatales. Según los avances, las irregularidades habrían permeado ministerios clave, dependencias estratégicas y la propia Presidencia de la República.
El caso se originó a partir de declaraciones de exdirectivos de la UNGRD y testigos que detallaron un supuesto esquema de compra de votos en el Congreso para favorecer reformas y negocios públicos. Entre las pruebas figuran chats, reuniones y testimonios que apuntan a coordinación desde altos niveles del Gobierno.
Los nombres detrás de la investigación por corrupción UNGRD
En la lista de investigados figuran:
-
Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda
-
Diego Guevara, exviceministro de Hacienda
-
Andrea Ramírez, exasesora de ese despacho
-
Luis Fernando Velasco, exministro del Interior
-
Mauricio Lizcano, exministro TIC y precandidato presidencial
-
Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo
-
Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud
-
Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE
-
César Manrique Soacha, exdirector de Función Pública
-
Jaime Ramírez Cobo, exasesor de Presidencia
-
Kevin Fernando Henao Martínez, exdirector de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior
-
Alba Nury Martínez Barrera, exasesora y secretaria privada del Ministerio de Hacienda
Implicaciones políticas y judiciales
La decisión de la Corte Suprema se suma a otros procesos contra congresistas señalados de recibir beneficios por parte de la UNGRD. Analistas advierten que este paso podría tensar aún más las relaciones entre el Ejecutivo y los órganos de control, además de intensificar el debate sobre transparencia en el uso de recursos públicos.
Ahora será la Fiscalía General la que determine si formula imputaciones y qué medidas judiciales aplicará. La Casa de Nariño no se ha pronunciado, mientras sectores de la oposición exigen que los implicados que aún ejercen funciones sean apartados de sus cargos.
Le puede interesar:
Ruta ilegal Jamundí presiona a comunidades
