La Fiscalía General de la Nación acusó a Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro para la Estrategia y Planeación durante el gobierno Petro, y a otras cinco personas por las presuntas irregularidades detectadas en un contrato de 32 millones de dólares para el mantenimiento y suministro de repuestos de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional. La investigación sostiene que durante la adjudicación se habrían tomado decisiones destinadas a favorecer a una empresa estadounidense.
El contrato investigado es el 012 del 31 de diciembre de 2024, suscrito por el Ministerio de Defensa durante el gobierno Petro. Según la Fiscalía, la compañía extranjera habría recibido el negocio pese a que presuntamente no contaba con la idoneidad, experiencia, capacidad técnica y financiera necesarias para ejecutar las actividades contratadas.
La tesis del ente acusador señala que el particular Carlos Martín Uribe Forero y el contratista James Lester Montgomerie se habrían concertado con Suárez Soto para conseguir que la compañía fuera seleccionada. La empresa vinculada al contrato ha sido identificada en otras publicaciones sobre el proceso como Vertol Systems Company.
Gobierno Petro: las decisiones que cuestiona la Fiscalía
La acusación no se concentra únicamente en quién recibió el contrato. La Fiscalía detalla una serie de actuaciones que, según la investigación, habrían cambiado las condiciones del proceso para beneficiar al oferente.
Los entonces funcionarios presuntamente no adelantaron un proceso abierto y recurrieron a contratación directa. Además, habrían realizado una convocatoria directa, flexibilizado requisitos habilitantes y ampliado los plazos establecidos para presentar cotizaciones.
A estas decisiones se suman reuniones de estructuración que, según el ente investigador, habrían sido convocadas buscando favorecer al oferente. La Fiscalía también señala que se habría permitido a la empresa presentar información financiera y técnica que no correspondía con la realidad.
El expediente alcanza además a Hugo Alejandro Mora Tamaño, entonces secretario general; Herbert Arnulfo Buitrago Galán, exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa; y al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, excomandante de la Brigada de Aviación N.º 32 del Ejército Nacional.
De acuerdo con la Fiscalía, cada uno habría tenido un posible rol dentro de las actuaciones relacionadas con la adjudicación y estructuración del contrato firmado durante el gobierno Petro.
Un cambio permitió girar US$16 millones en el primer corte
Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con la forma en que se pactaron los pagos.
La Fiscalía sostiene que los señalados habrían modificado el esquema de desembolsos para permitir que se giraran 16 millones de dólares con el primer corte de ejecución, una suma equivalente al 50 % de los 32 millones de dólares comprometidos en el contrato.
Esta modificación hace parte de los hechos incluidos en el escrito de acusación y deberá ser analizada durante el proceso judicial junto con las presuntas modificaciones de requisitos, la selección mediante contratación directa y las demás actuaciones señaladas por el ente investigador.
El contrato tenía como finalidad garantizar el mantenimiento y el suministro de repuestos para los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional, aeronaves utilizadas dentro de las capacidades operativas y logísticas de la institución.
Ocho delitos hacen parte de la acusación
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción radicó el escrito de acusación contra seis procesados en total.
Según su posible rol y grado de intervención, la Fiscalía les atribuye los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.
La radicación del escrito de acusación significa que el proceso avanza hacia una nueva etapa judicial, pero no constituye una condena. La responsabilidad penal de Suárez Soto y de los otros cinco procesados deberá ser determinada por los jueces a partir de las pruebas y argumentos presentados dentro del proceso.
La Fiscalía informó que será la Judicatura la encargada de establecer la fecha y hora de la audiencia de acusación, en la que continuará formalmente el caso relacionado con el contrato de los MI-17 suscrito durante el gobierno Petro.
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