En medio de un complejo panorama fiscal que ha llevado al Gobierno a implementar recortes en diversos sectores, la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha firmado un contrato millonario que ha generado controversia.
La entidad, encargada de garantizar la seguridad de personas en riesgo extremo en Colombia, ha pactado con Neostar Seguridad de Colombia el arrendamiento de más de 2.400 camionetas blindadas, con un valor superior a los 600.000 millones de pesos, hasta el 31 de julio de 2026. Además, el contrato podría extenderse hasta 2027 dependiendo de las asignaciones presupuestales.
El objetivo del contrato: Garantizar seguridad
El 24 de diciembre de 2024, Augusto Rodríguez, director de la UNP, firmó el acuerdo, que establece que la contratación cubrirá las necesidades de seguridad de las personas amenazadas de muerte en el país. Los vehículos blindados se distribuirán según las especificaciones técnicas solicitadas.
Esta millonaria inversión en vehículos blindados ha desatado críticas. Especialmente debido a la delicada situación económica que enfrenta el país y la presión sobre las finanzas públicas. A pesar de las alertas desde el Ministerio de Hacienda sobre la necesidad de priorizar ciertos programas sociales, la UNP continúa adelante con la contratación, lo que ha generado cuestionamientos sobre la asignación de recursos en tiempos de austeridad.
Además del contrato para los vehículos. La UNP tiene en curso otras contrataciones, incluida una para escoltas, que representa un gasto adicional cercano a los 30.000 millones de pesos destinados al Senado. Esta situación ocurre en un contexto de escasez de recursos públicos. Donde varios sectores del Gobierno han denunciado problemas en la asignación oportuna de fondos para áreas críticas como la energía en Puerto Carreño (Vichada) y los pagos a universidades.
Investigación por posibles prácticas anticompetitivas
Cabe destacar que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) está investigando posibles prácticas de cartelización en los procesos de selección para vehículos blindados. Esta investigación involucra a diversas empresas del sector y busca aclarar si ha habido afectaciones en la transparencia y eficiencia en la contratación pública.
En cuanto al proceso de selección. Solo dos empresas en el país tienen la capacidad de ofrecer más de 2.000 listas de camionetas ciegas para ser utilizadas. Lo que limitó las opciones de competencia.
A pesar de las críticas. La UNP asegura que ha seguido los lineamientos de libre competencia económica para la selección de los proveedores. Con el objetivo de garantizar la calidad y precios adecuados en los servicios contratados.
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