El presidente Abelardo De la Espriella anunció el 17 de noviembre que los alimentos para perros y gatos no tendrían el aumento del IVA contemplado inicialmente en la Reforma tributaria 2026. Con esta decisión, el Gobierno Nacional completó tres anuncios dirigidos a evitar nuevas cargas sobre productos de consumo cotidiano, mientras enfrenta el desafío de encontrar otras fuentes de recursos para reducir el déficit de las finanzas públicas.
La propuesta original de la Ley de Rescate Económico contempla que los alimentos para mascotas pasarán de pagar un IVA del 5 % al 19 %. Sin embargo, el mandatario informó que había dado instrucciones al Ministerio de Hacienda para mantener el impuesto sin modificaciones, teniendo en cuenta el esfuerzo económico que representa para las familias colombianas alimentar a sus animales de compañía.
“Los animales de compañía son parte de millones de familias colombianas. Nos entregan amor, lealtad y compañía incondicional, y merecen todo nuestro cuidado y protección”, expresó el presidente al explicar su decisión.

El anuncio también respondió a las preocupaciones planteadas durante la discusión del proyecto. La senadora Andrea Padilla ha defendido que los alimentos para mascotas quedarán por fuera de las nuevas cargas tributarias, al advertir que un incremento afectaría tanto a los hogares como a los refugios y organizaciones que diariamente alimentan a decenas de animales.
La decisión significó que estos productos continuarán pagando la tarifa actual del 5 %, siempre que la modificación anunciada quedará incorporada en el texto definitivo que debía estudiar el Congreso de la República.
No obstante, el pronunciamiento presidencial no fue una medida aislada. Dos días antes, De la Espriella había anunciado otros cambios que modificaron una parte importante de la reforma presentada para recuperar las finanzas del Estado.
Tres anuncios que cambiaron la Reforma tributaria 2026
El 15 de noviembre, durante su alocución por los primeros 100 días de Gobierno, el presidente aseguró que no impulsaría nuevas cargas de IVA sobre la canasta familiar ni sobre el sector agropecuario.
“Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, afirmó el mandatario.
Entre los productos contemplados se encontraban el café, el azúcar, el chocolate de mesa, las pastas alimenticias y algunos aceites comestibles. También estaban incluidas frutas, verduras, hortalizas y granos que actualmente cuentan con tratamientos tributarios diferentes.
Para el sector agropecuario se planteaban nuevas cargas sobre fertilizantes, abonos, semillas, plaguicidas y parte de la maquinaria agrícola.
La decisión de retirar estos incrementos y, posteriormente, mantener sin cambios el IVA sobre los alimentos para mascotas representó una modificación importante de la iniciativa.

¿Por qué Colombia necesita una reforma tributaria?
La Ley de Rescate Económico surgió como una respuesta a la situación fiscal que enfrentaba el país al comenzar el Gobierno de De la Espriella.
Según las cifras expuestas por el Ministerio de Hacienda, el Estado recibe aproximadamente $29 billones mensuales, mientras sus gastos superan los $40 billones. Es decir, los recursos que ingresaban no son suficientes para cubrir todas sus obligaciones.
A esta situación se sumaba el peso de la deuda pública y de los intereses que el país debe pagar por los préstamos adquiridos.
El Gobierno ha señalado que recibió unas finanzas públicas deterioradas, con compromisos de gasto y deuda acumulados durante administraciones anteriores.

Frente a este panorama, el Ejecutivo presentó una reforma con la que pretende aumentar el recaudo, modificar algunos impuestos y reducir gastos del Estado.
Las proyecciones utilizadas para diseñar el proyecto señalaban que, sin medidas adicionales, Colombia podría enfrentar en 2028 un faltante de $101,3 billones entre sus ingresos y sus gastos, sin contar los intereses de la deuda.
La meta de la Ley de Rescate Económico consistía en conseguir un ajuste de $80,6 billones para disminuir considerablemente esa diferencia.
Parte de esos recursos provendría de los cambios al IVA. Por eso, al descartarse los aumentos sobre la canasta familiar y el sector agropecuario, también cambiaron las cuentas con las que ha sido diseñada la reforma.
¿Cuánto dinero faltaría tras los cambios anunciados?
Las estimaciones fiscales presentadas sobre la propuesta inicial mostraron que el Gobierno espera conseguir un ajuste de $80,6 billones para 2028, combinando mayores ingresos y reducciones del gasto público.
Sin embargo, después de retirar las nuevas cargas de IVA a la canasta familiar y al sector agropecuario, esa capacidad de ajuste se reduciría a aproximadamente $52,9 billones.Esto significa que quedarían faltando $27,6 billones frente a la meta original.
Por esta razón, el siguiente paso del Gobierno consiste en determinar cómo completar los recursos que dejarían de obtenerse con los impuestos descartados.
¿De dónde podría salir el dinero que falta?
El Ministerio de Hacienda, encabezado por Miguel Gómez Martínez, ha comenzado a estudiar alternativas para mantener los objetivos fiscales sin aplicar los aumentos de IVA descartados por el presidente.
Entre las posibilidades se encuentra conservar el impuesto de renta empresarial en el 35 %, en lugar de reducirlo al 31 %, como se había contemplado inicialmente.
También se analiza una sobretasa de renta para personas naturales, cambios tributarios sobre vehículos eléctricos y motocicletas de menos de 200 centímetros cúbicos, así como la posibilidad de cobrar IVA a los arrendamientos de inmuebles destinados a actividades turísticas.
Otra de las opciones consiste en revisar el mecanismo de devolución del IVA denominado EfectIVA, incluido en el diseño original para compensar parte de los impuestos pagados por los hogares de menores ingresos.
Además de revisar los impuestos, el Ejecutivo ha planteado reducir los gastos del Estado como parte del esfuerzo para recuperar las finanzas públicas.

Durante sus primeros 100 días, el Gobierno informó sobre un recorte de $13,8 billones al Presupuesto General de la Nación y planteó la posibilidad de realizar una reducción permanente superior a $23 billones.
Entre las alternativas de austeridad también figuraban disminuciones en gastos de funcionamiento, contratación por prestación de servicios y reorganización de entidades públicas.
Sin embargo, el propio presidente ha reconocido que reducir los gastos no equivale a generar nuevos ingresos y que otras medidas, como la venta de activos estatales, requeríran tiempo para producir resultados.
El Gobierno también estudiaba reducir el IVA general
Mientras se analizan estas alternativas, De la Espriella ha planteado otra posibilidad que podría modificar nuevamente las proyecciones de la reforma.
El mandatario anunció que el Ministerio de Hacienda estudia reducir la tarifa general del IVA, que se mantenía en el 19 %, para llevarla al 18 % o incluso al 17 %.
Aunque esta posibilidad representaría una reducción del impuesto para los productos y servicios sujetos a la tarifa general, también disminuiría el recaudo esperado por el Estado si no se adoptan otras medidas que compensan esa diferencia.

Según los escenarios fiscales disponibles, si la tarifa general baja al 18 %, el faltante frente al ajuste original podría alcanzar los $32 billones. En caso de reducirse al 17 %, aumentaría a aproximadamente $36,4 billones.
Las cifras evidencian que cualquier nueva modificación tributaria debía analizarse junto con las demás medidas de recaudo y ahorro previstas para cumplir la meta fiscal.
Hasta el 18 de noviembre, la reducción de la tarifa general continúa siendo una posibilidad en estudio y no una decisión aprobada.
¿Qué sigue para la Reforma tributaria 2026?
Después de los anuncios presidenciales, el siguiente escenario de discusión será el Congreso de la República, donde debe definirse el contenido de la Ley de Rescate Económico.
El Gobierno también tendrá que presentar las alternativas con las que espera compensar el recaudo descartado y establecer qué ajustes adicionales podrán realizarse al gasto público.
Las discusiones están previstas para continuar durante las semanas siguientes, con la expectativa de avanzar en los primeros debates durante diciembre, antes de finalizar el periodo ordinario de sesiones del Congreso.

De esta manera, las decisiones que evitaron nuevos aumentos del IVA sobre productos esenciales para numerosos hogares colombianos abrieron una nueva etapa para la reforma.
El reto que queda sobre la mesa ya no consiste únicamente en determinar qué impuestos se cobran, sino en establecer cómo conseguir los recursos que el país necesita para reducir su déficit sin trasladar nuevas cargas a los productos que el Gobierno ha decidido proteger.
La respuesta dependerá de las alternativas que presente el Ministerio de Hacienda y de las decisiones que finalmente adopte el Congreso sobre una reforma cuyo objetivo fiscal se mantenía, aunque varias de sus principales fuentes de recaudo habían cambiado.
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