Procurador general advierte al Gobierno sobre uso del glifosato en Cauca
El debate por la política antidrogas en Colombia vuelve a encenderse tras el secuestro de militares en el Cauca y la presión internacional para reducir los cultivos de coca. En medio de esta coyuntura, el procurador general, Gregorio Eljach, lanzó una advertencia al Gobierno Nacional: cualquier decisión de retomar la aspersión aérea con glifosato debe ajustarse plenamente a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Procurador general exige respeto a la jurisprudencia
El procurador general recordó que las sentencias T-236 de 2017 y T-413 de 2021 establecen que la aplicación del herbicida solo puede realizarse si se cumplen estrictos requisitos de participación ciudadana y consulta previa con las comunidades étnicas. Esto significa que en los 104 municipios donde se proyectaba el regreso del glifosato, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas deben ser escuchadas en audiencias públicas presenciales, y no mediante mecanismos virtuales como ocurrió en 2020.
Contexto de seguridad y presión internacional
El pronunciamiento del procurador general se produjo después de las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quienes propusieron reactivar la aspersión aérea con glifosato como respuesta a la violencia en Cauca y al secuestro de uniformados. A este escenario se suma la presión de Estados Unidos, que insiste en acelerar la reducción de cultivos de coca en Colombia.
Comunidades en el centro del debate
Eljach advirtió que cualquier intento de aplicar glifosato sin cumplir los requisitos legales podría derivar en nuevos choques entre campesinos y la fuerza pública, como ocurrió en el pasado. Además, insistió en la necesidad de fortalecer el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), donde persiste un rezago del 51% en los compromisos adquiridos con las comunidades.
Un fantasma que regresa
La discusión sobre el glifosato refleja que la política antidrogas en Colombia sigue marcada por tensiones entre seguridad, derechos humanos y compromisos internacionales. Mientras la violencia en Cauca recrudece, el país enfrenta una encrucijada entre la fumigación forzada y la sustitución voluntaria de cultivos, una decisión que definirá el futuro de miles de familias rurales.
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