Confirmada destitución de patrulleros por corrupción en la POLFA
La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución de patrulleros de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), quienes fueron hallados responsables de solicitar dádivas a cambio de omitir procedimientos de control en el peaje La Uribe, en la vía Pereira–Cali. La decisión incluye también la inhabilidad por 10 años para ocupar cargos públicos.
Sanción por corrupción en la Policía Fiscal y Aduanera
El fallo disciplinario recayó sobre los patrulleros Luis Guillermo Pérez Velandia y Juan David González Cárdenas. De acuerdo con la investigación, en mayo de 2020 los uniformados detuvieron a un conductor y le solicitaron beneficios económicos para no realizar la aprehensión de mercancías que carecían de los documentos reglamentarios exigidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
La Procuraduría destacó que la actuación de los funcionarios se apartó de las obligaciones propias del servicio, generando un grave daño a la confianza ciudadana en las instituciones de control.
Decisión ratificada en segunda instancia
Según la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda, el proceso contó con pruebas suficientes, entre ellas informes oficiales y actas de funciones, que demostraron la responsabilidad de los policías. La conducta fue calificada como falta gravísima cometida a título de dolo, pues los disciplinados actuaron con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus acciones.
La @PGN_COL confirmó sanción de destitución e inhabilidad por 10 años a 2 patrulleros de la Policía Fiscal y Aduanera en Pereira, por solicitar beneficios económicos para omitir la revisión y aprehensión de mercancías sin documentación reglamentaria. https://t.co/0WwDgEJlho pic.twitter.com/V0gZZHSjs8
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) September 11, 2025
Destitución e inhabilidad definitiva
Con la confirmación en segunda instancia, la destitución de patrulleros queda en firme y no procede recurso adicional. La sanción implica que los exuniformados no podrán vincularse a ninguna entidad pública durante los próximos diez años.
El ente de control reiteró que su política disciplinaria es clara frente a la corrupción en la Policía, especialmente cuando se trata de conductas que afectan el cumplimiento de la ley y la transparencia institucional. La decisión busca enviar un mensaje contundente sobre la importancia de preservar la integridad en los procedimientos de control aduanero y fiscal.
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