Tapabocas vencidos de contrabando incautados en Ipiales por la Policía Fiscal y Aduanera
En Ipiales, Nariño, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) incautó más de 533 mil tapabocas vencidos de contrabando, avaluados en 266 millones de pesos, que pretendían ser comercializados en el país sin cumplir las garantías sanitarias. La mercancía fue descubierta en un camión que simulaba transportar únicamente productos agrícolas.
Un operativo que protege la salud pública
El decomiso de los tapabocas vencidos de contrabando se produjo durante los controles permanentes que la POLFA adelanta en las vías del sur del país. Según las autoridades, estos elementos, al estar caducados, representaban un grave riesgo para la salud de los colombianos, pues podían llegar a farmacias o a puntos de venta informales como insumos válidos. La acción policial evitó que la población se expusiera a productos sin condiciones mínimas de seguridad sanitaria.
Contrabando que afecta la economía agrícola
De manera paralela al hallazgo de los tapabocas, los uniformados incautaron 6.412 kilos de arroz de contrabando, valorados en 51 millones de pesos. Este resultado busca frenar el ingreso de productos ilegales que afectan directamente a campesinos y productores agrícolas del departamento de Nariño y de otras regiones del país. Para la Policía Fiscal y Aduanera, la lucha contra el contrabando en Ipiales es también un mecanismo de protección a la producción nacional.
La modalidad del ocultamiento
El camión interceptado intentaba ocultar la mercancía ilegal en medio de productos agrícolas, utilizando una modalidad de ocultamiento que busca evadir los controles en carretera. En su interior se hallaron 220 cajas con los tapabocas vencidos de contrabando, lo que evidenció la intención de ingresar al mercado elementos sin valor sanitario y que podrían poner en riesgo la seguridad de los consumidores.
Compromiso institucional en Nariño
Con estas incautaciones, la Policía Fiscal y Aduanera reiteró su compromiso en la lucha contra el contrabando en Nariño y en la frontera sur del país. La institución recalcó que su misión no solo es proteger la salud pública, sino también defender la economía de los productores nacionales frente a prácticas ilegales que ponen en riesgo la seguridad y el sustento de miles de familias campesinas.
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