Ni presidentes ni secretarios están a salvo: secuestro en Jamundí de lideresa comunal
El secuestro en Jamundí de Sara Sofía González Fajardo, una joven de 18 años y dirigente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de San Antonio, refleja la grave situación que enfrentan los líderes comunales en Colombia. La ONU Derechos Humanos exigió su liberación inmediata y llamó al Estado a activar los mecanismos de búsqueda urgente, mientras crece el control de los grupos armados ilegales sobre estas organizaciones en el suroccidente del país.
La denuncia internacional
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia confirmó el secuestro en Jamundí y lanzó un llamado urgente: “Pedimos la liberación inmediata, sana y salva de Sara Sofía González Fajardo”. El organismo instó a los grupos armados a respetar la vida y los derechos humanos, recordando que las Juntas de Acción Comunal cumplen un papel esencial en la organización social de las comunidades rurales.
La vulnerabilidad de las Juntas de Acción Comunal
El caso de Sara Sofía no es aislado. En los últimos meses, las Juntas de Acción Comunal han sido blanco de amenazas, asesinatos y secuestros debido a la presión de las disidencias de las FARC y otros actores armados. Según denunció la revista Semana, en corregimientos de Jamundí como Villacolombia, Ampudia y San Antonio, los dirigentes comunales han sido obligados a actuar como recaudadores de extorsiones bajo amenaza de muerte.
Un contexto de violencia estructural
En Jamundí y en otros municipios del suroccidente, las disidencias de alias Iván Mordisco imponen “normas” a través de las JAC, que se ven forzadas a registrar pagos de extorsión e incluso jornadas de trabajo en proyectos bajo control de los grupos ilegales. El secuestro en Jamundí de una joven dirigente como Sara Sofía González Fajardo demuestra cómo los actores criminales han convertido a las organizaciones comunitarias en un brazo económico y político al servicio de sus intereses.
Lo que viene
Mientras se desconoce el paradero de la lideresa, las autoridades investigan si el hecho está relacionado con estas dinámicas de control y extorsión. La ONU Derechos Humanos pidió al Estado colombiano garantizar protección real y eficaz a los líderes comunales, quienes hoy se han convertido en uno de los sectores más golpeados por la violencia en Jamundí y el conflicto armado que persiste en la región.
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