Alerta por posible atentado contra el contralor Hernán Rodríguez, Paloma Valencia y Catherine Juvinao
Gobierno refuerza la seguridad ante información de inteligencia sobre plan criminal
Una nueva alerta de seguridad nacional encendió las alarmas en el país. Autoridades del Gobierno confirmaron el refuerzo de los esquemas de protección del contralor general Carlos Hernán Rodríguez, la senadora Paloma Valencia y la representante Catherine Juvinao, tras conocerse información de inteligencia sobre un posible atentado contra el contralor Hernán Rodríguez y las congresistas.
Refuerzan seguridad de altos funcionarios
De acuerdo con la Unidad Nacional de Protección (UNP), se realizó un análisis de riesgo que llevó a aumentar los anillos de seguridad del contralor y de las congresistas, en coordinación con la Policía Nacional.
Aunque las autoridades aclararon que no existe una amenaza inminente, mantienen una alerta preventiva y reforzaron el personal a cargo de la protección de los tres funcionarios.
Fuentes oficiales señalaron que la información llegó directamente al presidente Gustavo Petro, quien ordenó acciones inmediatas para garantizar la integridad de los amenazados.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, lidera el comité interinstitucional junto al general Carlos Triana, director de la Policía, y la directora encargada de la UNP.
Investigación por posible plan de atentado
Las autoridades investigan los posibles móviles del atentado contra el contralor Hernán Rodríguez, la senadora Paloma Valencia y la representante Catherine Juvinao.
Según fuentes de inteligencia, el plan buscaría afectar la imagen del Gobierno Nacional, generando un clima de desconfianza y polarización política en vísperas del proceso electoral de 2026.
Incluso se indaga la posible participación de exintegrantes de la Fuerza Pública retirados, lo que elevaría el nivel de riesgo en los análisis de seguridad.
Plan de protección electoral
El Gobierno recordó que más de 3.500 policías y un número similar de funcionarios de la UNP están asignados actualmente a la protección de más de 40 aspirantes presidenciales y congresistas en todo el país.
El objetivo es prevenir nuevos actos de violencia política y garantizar que el proceso electoral de 2026 se desarrolle en condiciones de seguridad, transparencia y respeto por la vida.
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