Demanda contra David Racero avanza a segunda instancia en el Consejo de Estado
El caso por presunta pérdida de investidura entra en etapa definitiva
La demanda de pérdida de investidura contra David Racero avanzó a una fase clave luego de que la Sala Plena del Consejo de Estado admitiera el recurso de apelación presentado por el abogado Samuel Ortiz Mancipe. Esta decisión abre el camino para que la corporación defina de manera definitiva si el congresista incurrió en tráfico de influencias, una acusación que se desprende del conocido escándalo del SENA.
El proceso busca establecer si Racero gestionó presuntos nombramientos al interior del Servicio Nacional de Aprendizaje, hechos que han sido materia de debate jurídico y político desde principios de año. Para Ortiz Mancipe, la conducta atribuida al representante constituye una falta que amerita la pérdida de investidura, lo que implicaría su conocida “muerte política”.

Cuestionamientos por pruebas desestimadas en primera instancia
El recurso de apelación, conocido por W Radio, cuestiona que en la primera decisión no se hayan valorado plenamente los chats y audios que, según el demandante, demostrarían gestiones indebidas realizadas por David Racero ante la dirección del SENA.
De acuerdo con Ortiz Mancipe, la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura consideró que estas pruebas habrían sido obtenidas de manera irregular y vulnerando la intimidad del congresista, motivo por el cual fueron excluidas del análisis.
Para el accionante, esta interpretación fue “insólita” y desconoce el verdadero alcance del material probatorio, por lo que solicitó que la Sala Plena reevalúe su validez en la segunda instancia.

Piden incorporar nuevas pruebas, incluido el expediente de la Corte Suprema
Además del debate sobre los chats y audios, el demandante solicitó la incorporación de nuevas pruebas, entre ellas el expediente que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra de Racero por los mismos hechos vinculados al escándalo del SENA.
La defensa del abogado considera que estos elementos son indispensables para determinar si hubo o no tráfico de influencias.

Consejo de Estado designará ponente y definirá si exige más pruebas
Tras admitir el recurso de apelación, el Consejo de Estado deberá designar un magistrado ponente para estudiar el caso, definir si se ordena la práctica de nuevas pruebas y emitir el fallo definitivo sobre David Racero.
Si se confirma la pérdida de investidura, el congresista quedaría inhabilitado de manera permanente para ocupar cargos de elección popular.
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