viernes, 31 julio 2026

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    Red de corrupción judicial cobraba hasta $1.000 millones

    Fiscalía desmantela red de corrupción judicial que vendía expedientes por hasta $1.000 millones

    La Fiscalía General de la Nación desmanteló una red de corrupción judicial que, presuntamente, cobraba entre 400 y 1.000 millones de pesos por vender expedientes, direccionar procesos de lavado de activos y frenar acciones de extinción de dominio contra bienes vinculados al narcotráfico. Por estos hechos fueron capturadas nueve personas, entre funcionarios activos y exfuncionarios del Estado.

    De acuerdo con el ente acusador, la red de corrupción judicial estaba integrada por cuatro funcionarios activos de la DIJIN de la Policía Nacional, dos investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y tres exfuncionarios, dos de la Policía Nacional y uno del INPEC.

    Cobros ilegales para frenar capturas y extinción de dominio

    Según la investigación, los hoy capturados habrían aprovechado los cargos que desempeñaban para exigir altas sumas de dinero a cambio de evitar la imposición de medidas cautelares, impedir la ejecución de órdenes de captura y entregar información reservada de procesos judiciales a personas vinculadas con estructuras criminales.

    Uno de los casos más relevantes involucra a Juan Carlos Ramírez Taborda, alias ‘Manicomio’ o ‘El Piloto’, quien cumplió una condena en Estados Unidos. Al parecer, desde el año 2014, la red de corrupción judicial habría exigido dinero a él y a sus familiares para proteger sus bienes y frenar procesos de extinción de dominio y lavado de activos que avanzaban en Colombia.

    Funcionarios capturados y hechos investigados desde 2014

    Entre los capturados se encuentran el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo, adscritos a la Dijin. También fueron detenidos los investigadores del CTI Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, además de los exfuncionarios Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.

    La Fiscalía ha logrado documentar eventos delictivos ocurridos en 2014, 2015, 2024 y 2025, lo que evidencia que la red de corrupción judicial habría operado durante más de una década. Además, se investiga la intimidación a un investigador líder con el fin de obtener acceso a detalles clave de los procesos judiciales.

    Golpe a la corrupción dentro de la justicia

    El ente acusador señaló que este operativo representa un duro golpe contra la corrupción en la justicia, especialmente cuando involucra a funcionarios llamados a garantizar la legalidad. Los capturados deberán responder por delitos como concierto para delinquir, cohecho, abuso de función pública y otros relacionados.

    La investigación continúa y la Fiscalía no descarta que nuevos implicados sean vinculados en el marco de este caso, considerado uno de los más graves episodios de corrupción judicial revelados en los últimos años.

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    Estefany Arana
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