Bienes de las Farc: Contraloría advierte incumplimientos y crisis financiera de la JEP para 2026
A diez años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, la Contraloría General de la República encendió nuevamente las alarmas sobre el estado de los bienes de las Farc entregados al Estado y la sostenibilidad financiera del sistema de justicia transicional en Colombia.
De acuerdo con el ente de control fiscal, los bienes entregados por las extintas Farc para la reparación de las víctimas no cumplen con lo acordado en el Acuerdo de Paz, lo que pone en riesgo la efectividad de las medidas de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. El seguimiento realizado evidenció falencias en la cantidad, calidad y trazabilidad de los activos, lo que limita el impacto real de la reparación a las víctimas del conflicto armado.
🚨En duda el cumplimiento de las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia). El seguimiento a los bienes entregados por las #FARC evidenció que estos recursos, destinados a la reparación de las víctimas, no son suficientes: se requieren $121.858 millones… pic.twitter.com/FVdFjo2ln8
— Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) January 20, 2026
Bienes de las Farc y reparación a las víctimas
Tras la dejación de armas, las Farc reportaron al Estado bienes avaluados en más de 240 mil millones de pesos, entre dinero en efectivo, inmuebles rurales y urbanos, vehículos, ganado, joyas, oro y participaciones en sociedades. Sin embargo, una parte significativa de estos activos no ha podido ser monetizada o no cumple las condiciones necesarias para su aprovechamiento, lo que ha reducido el monto efectivo disponible para la reparación.
Actualmente, estos bienes son administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) es la entidad beneficiaria. Según datos consolidados, solo cerca de 45 mil millones de pesos han sido puestos a disposición para procesos de reparación, permitiendo atender de manera individual a poco más de 2.300 víctimas y avanzar en procesos de reparación colectiva para 25 sujetos colectivos.
No obstante, la Contraloría advirtió que estos recursos resultan insuficientes frente a la magnitud del daño causado y frente a los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz, lo que genera incertidumbre sobre el cumplimiento real de las obligaciones de reparación.
Desfinanciación crítica de la JEP para 2026
El informe del órgano de control también alertó sobre una grave desfinanciación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Las primeras sentencias que comenzarán a ejecutarse en los próximos años enfrentarán un déficit presupuestal superior al 80 % para 2026.
De acuerdo con las proyecciones oficiales, se requieren $121.858 millones para financiar las medidas restaurativas y reparadoras ordenadas por la JEP, pero solo hay cerca de $20 mil millones disponibles en el presupuesto proyectado para ese año. Esta brecha financiera pone en riesgo la ejecución de las decisiones judiciales y la implementación efectiva de la justicia transicional.
⚠️Los bienes entregados por las #FARC al Estado no cumplen con lo acordado, lo que pone en riesgo la efectividad de la justicia transicional.
📌La @activosSAE administra el patrimonio, y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (#UARIV) es la… https://t.co/AFsuWdIMtb pic.twitter.com/KpDE82V4VR
— Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) January 20, 2026
Riesgos para la justicia transicional
La Contraloría advirtió que, si no se corrigen estas fallas estructurales, la credibilidad del sistema de justicia transicional podría verse seriamente afectada, impactando directamente a las víctimas que esperan verdad, reparación y garantías de no repetición tras décadas de violencia.
El llamado del ente de control es a fortalecer la supervisión sobre los bienes de las Farc, mejorar su administración y garantizar los recursos necesarios para que las decisiones de la JEP no queden solo en el papel, justo cuando el país evalúa los resultados del Acuerdo de Paz a una década de su implementación.
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