Ministra de Cultura responde por contratos de su hermano antes de la Ley de Garantías
Ministra de Cultura defendió la legalidad de los contratos firmados por su hermano con entidades del Estado
La ministra de Cultura, Yannai Kadamani, respondió a los cuestionamientos públicos relacionados con los millonarios contratos que su hermano, el diseñador y gestor de modas Salim Kadamani, ha suscrito con entidades del Estado antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
La polémica surgió luego de conocerse que Salim Kadamani recibió $257.575.900 en contratos justo antes de las restricciones establecidas por la Ley de Garantías. Con estos nuevos acuerdos, el total contratado desde febrero de 2025 asciende a $333.247.900, según información publicada en el portal de Datos Abiertos y registrada en la plataforma SECOP II.
Ministra de Cultura insiste en que no hay irregularidades
Frente a las críticas, la ministra de Cultura aseguró que el tema ya había sido explicado anteriormente y defendió la transparencia del proceso.
“Yo entiendo que ser funcionaria pública implica veeduría, pero este tema ya se respondió hace un año y hemos mostrado elementos de transparencia… Lamento que yo sea la que tenga que responder por un profesional que cuenta con trayectoria propia para acceder como cualquier ciudadano a ser contratista del Estado”, afirmó.
La ministra de Cultura recalcó que su hermano puede contratar con el Estado como cualquier ciudadano, siempre que cumpla con los requisitos legales establecidos en la normativa de contratación pública.
Contratos registrados en SECOP II
La información consultada en SECOP II evidencia que los dos primeros contratos fueron firmados el mismo día: el 25 de febrero de 2025. Uno de ellos, por $50.448.000, tenía como objeto “prestar los servicios profesionales para brindar apoyos administrativos de la Dirección de Apropiación del Ministerio TIC”.
El Ministerio TIC figura como una de las entidades donde se suscribieron estos acuerdos. La contratación pública, según los registros oficiales, aparece debidamente publicada en el sistema.
Hasta el momento, no se ha informado sobre investigaciones disciplinarias o fiscales relacionadas con estos contratos Estado. Sin embargo, el debate se produce en un contexto de mayor escrutinio ciudadano frente a la contratación pública en periodos previos a la Ley de Garantías.
La controversia pone nuevamente en el centro del debate a la ministra de Cultura, quien insiste en que no existe conflicto de intereses y que los procesos fueron transparentes.
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