El traslado de cabecillas de estructuras criminales recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí fue ordenado por el Gobierno nacional tras el escándalo por una fiesta dentro del penal. La decisión del presidente Gustavo Petro reabre el debate sobre la estrategia de Paz Urbana y el control en los centros penitenciarios.
El hecho que desató la polémica
La controversia se originó luego de que se conociera una fiesta en cárcel de Itagüí, realizada el pasado 8 de abril, en la que participaron cabecillas en La Paz de Itagüí vinculados a estructuras criminales del Valle de Aburrá y Medellín.
El evento, que incluyó una parranda vallenata, generó indignación nacional al evidenciar posibles privilegios dentro del sistema carcelario. La presencia del cantante Nelson Velásquez y el uso de equipos como consolas de videojuegos, televisores y licor dejaron en evidencia un grave escándalo en cárcel de Itagüí.
Orden del Gobierno tras el traslado de cabecillas
Durante el Consejo de Ministros del 13 de abril de 2026, el presidente fue contundente al anunciar el traslado de cabecillas hacia centros penitenciarios en Bogotá.
Con esta decisión, el Gobierno busca recuperar el control institucional y enviar un mensaje claro frente a las irregularidades detectadas. Además, el traslado a Bogotá se presenta como una medida correctiva dentro de la estrategia de Paz Urbana.
Operativos del INPEC y sanciones internas
Tras el escándalo, el INPEC desplegó operativos entre el 10 y el 13 de abril, logrando la incautación de elementos prohibidos como celulares, licor, drogas, neveras y hasta una consola de videojuegos.
De igual forma, se iniciaron investigaciones disciplinarias que derivaron en la salida de varios funcionarios, incluyendo el director encargado del penal, el comandante de vigilancia y al menos once empleados.
Impacto en la estrategia de Paz Urbana
El traslado de cabecillas vuelve a poner bajo la lupa la estrategia de Paz Urbana, ya que los involucrados en la fiesta hacen parte de procesos de diálogo con el Gobierno.
Aunque algunos ofrecieron disculpas públicas, el caso evidencia los riesgos de estas negociaciones si no existen controles estrictos dentro del sistema carcelario.
Este episodio no solo expone fallas en la vigilancia penitenciaria, sino que también abre un debate nacional sobre los límites de los beneficios en medio de procesos con estructuras criminales.
