Por la supuesta exigencia de dos millones y medio de pesos ($2.500.000), la Fiscalía General de la Nación judicializó al patrullero de la Policía Nacional, Stiven Francio Arango, en Popayán.
En desarrollo de las audiencias preliminares, un juez de control de garantías, le impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, en su residencia.
De acuerdo al reporte oficial, el patrullero estaba adscrito a la Policía de Carreteras del Cauca, y habría hecho las exigencias económicas al propietario de un automóvil que había sido incautado.
Miembros del Grupo Gaula del CTI de la Fiscalía de esa Seccional capturaron al patrullero en flagrancia.
En las audiencias preliminares, la Fiscalía le formuló cargos por el delito de concusión y el juez de control de garantías lo privó de la libertad en su lugar de residencia.