Un informe preocupante presentado ante el Comité Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) por el abogado colombiano Víctor Mosquera.
El documento cuestiona la posible asignación de recursos públicos a grupos terroristas en Colombia, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC-EP, en el contexto de la política de “Paz Total”.
¿Fondos estales en que se han invertido?
Según el informe, los fondos estatales los están utilizando para financiar actividades criminales, lo que constituye una violación de las obligaciones internacionales de Colombia en la lucha contra el terrorismo.
El texto detalla un incidente ocurrido el 23 de julio de 2024, donde varios líderes de las disidencias de las FARC los detuvieron en un puesto de control militar, cuando los transportaban en vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Estos vehículos, que deberían utilizarse para proteger a ciudadanos en riesgo, los estaban usando combatientes con órdenes de arresto vigentes, así como por otros individuos no autorizados.
Las autoridades encontraron en las camionetas una suma considerable de dinero, oro y armas, un hecho confirmado por el gobernador de Antioquia y que, según el informe, contradice los diálogos en curso con los grupos armados.
“El uso de recursos del Estado para financiar actividades terroristas es una violación flagrante de los compromisos internacionales de Colombia.
Este informe demuestra la falta de mecanismos efectivos de control sobre estos fondos, y es imperativo que la comunidad internacional tome medidas”, afirmó Mosquera.
