En un balance alarmante, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, denunció la crítica situación del departamento debido a las minas antipersona.
Más de 160 incidentes se registraron durante el 2024, afectando a 22 municipios y comprometiendo el 70% del territorio, una problemática que ha convertido al Chocó en una de las regiones más afectadas del país.
Una amenaza constante en el territorio
El impacto de las minas antipersona no solo se limita a la pérdida de vidas humanas, sino también a las restricciones para el desarrollo de las comunidades, el uso de tierras agrícolas y la movilidad de las personas. La mandataria destacó que muchas familias viven bajo el constante temor de encontrarse con estos artefactos explosivos.
“Es urgente una acción más contundente por parte del Gobierno Nacional. No basta con los esfuerzos actuales. Necesitamos que el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y organismos internacionales como AICMA (Acción Integral contra Minas Antipersonal) concentren esfuerzos en desminar nuestro territorio”, declaró Córdoba.
Quien reiteró la necesidad de priorizar esta problemática para garantizar la seguridad de los habitantes.
El brigadier general William Fernando Caicedo Benavides, comandante de la Brigada 15 del Ejército Nacional, informó que en lo que va del 2025 se han logrado desactivar 22 artefactos explosivos en el departamento.
“Estamos ampliando nuestras capacidades y sumando más personal para llevar a cabo un desminado efectivo. Nuestro compromiso es con la vida de los chocoanos”, aseguró el general.
Una violación al Derecho Internacional Humanitario
Las minas antipersona son consideradas una de las formas más crueles del conflicto armado y una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario. Estas afectan desproporcionadamente a las poblaciones rurales y a comunidades en condición de vulnerabilidad, quienes no solo enfrentan la pérdida de vidas humanas, sino también las secuelas psicológicas y económicas que genera este flagelo.
En los municipios más afectados, como Bojayá, Alto Baudó y Medio San Juan, las comunidades han denunciado que el acceso a cultivos, escuelas y centros de salud se encuentra limitado debido al riesgo que representan las minas. Esta situación ha generado un aumento en el desplazamiento forzado y ha obstaculizado los proyectos de desarrollo en la región.
La gobernadora Córdoba enfatizó en la necesidad de una mayor asignación de recursos por parte del Gobierno Nacional y organismos internacionales para acelerar las labores de desminado. Asimismo, hizo un llamado para fortalecer programas de atención a víctimas y campañas de educación sobre los riesgos de las minas antipersona.
“Este es un daño que afecta a toda nuestra población. No podemos permitir que las minas sigan marcando el futuro de nuestras comunidades. El Chocó necesita soluciones urgentes e integrales”, concluyó la mandataria.
El desminado es una prioridad para garantizar la paz y el desarrollo en el Chocó. Las autoridades locales y nacionales tienen el reto de trabajar de manera articulada para liberar el territorio de este peligro y devolverle a las comunidades la esperanza de un futuro más seguro y próspero.
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