Después de más de 20 años de disputas legales, la Registraduría Nacional del Estado Civil logró recuperar un predio de gran valor. Este terreno, ubicado en el Centro Administrativo Nacional (CAN) de Bogotá, tiene un área de 5.858 metros cuadrados y está avaluado en 23.000 millones de pesos.
Los civiles Argenis Calderón y Mauricio Arias ocuparon la propiedad durante casi dos décadas y se enfrentaron a la entidad en varias instancias judiciales.
Plazo de 20 días para la desocupación
El pasado jueves, la Inspección de Atención Prioritaria de la Secretaría Distrital determinó que los ocupantes deben desocupar el predio en un plazo máximo de 20 días hábiles. En caso de no cumplir con la orden de manera voluntaria, la Registraduría podrá recurrir al uso de la fuerza para proceder con la restitución del terreno. Este fallo marca un avance en la resolución de un conflicto legal que ha durado más de dos décadas.
El terreno, conocido como “La Mazorca”, fue asignado a la Registraduría en los años 90 para su uso institucional. Sin embargo, Calderón y Arias alegaron derechos sobre la propiedad. Los civiles basaron su reclamación en documentos obtenidos a través de un acuerdo con Priscila Polonia Guevara, quien ocupó el predio desde los años 50. A pesar de que los tribunales invalidaron esos documentos por considerarlos falsificados y declararon el terreno como bien fiscal, los ocupantes mantuvieron la posesión, argumentando que eran compradores de buena fe.
Proceso judicial aún en curso
La disputa ha sido compleja. Existen dos procesos judiciales aún pendientes. El primero se inició en 2006 ante la Alcaldía de Teusaquillo, mientras que el segundo fue abierto en 2010 en el Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogotá. Ambos casos han alargado la resolución definitiva sobre la propiedad del terreno. Aunque las decisiones judiciales han favorecido a la Registraduría, los ocupantes han continuado luchando por la posesión del predio.
La resolución de la Inspección Distrital declaró que los ocupantes han infringido la ley al mantener una ocupación ilegal. La Registraduría, según la orden, debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar la entrega del terreno. Además, se subraya que la entidad debe implementar medidas para evitar futuras ocupaciones ilegales. Si los ocupantes no entregan el terreno dentro del plazo estipulado, la Registraduría tomará las acciones necesarias para garantizar la restitución y la seguridad del predio.
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