El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ordenó la suspensión por 90 días del gasto en cooperación internacional. Esta decisión afecta gravemente a Colombia. La medida, anunciada el pasado viernes, forma parte de una revisión global de los programas de cooperación.
Su objetivo es alinearlos con la política proteccionista de “Estados Unidos Primero”. Aunque la suspensión impacta a varios países, Colombia depende significativamente de los fondos estadounidenses. Estas ayudas se destinan a temas de paz, biodiversidad, reforma agraria, desarrollo rural y migración.
Un golpe a la cooperación internacional
El servicio de Seguimiento Financiero de Naciones Unidas (FTS) reportó que en 2024 Estados Unidos aportó el 70,6% de la financiación humanitaria en Colombia. Esto equivale a aproximadamente 330 millones de dólares. La mayor parte de estos recursos se canaliza a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
La suspensión impacta a instituciones clave como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El gobierno estadounidense había destinado aproximadamente 15.000 millones de pesos para justicia transicional. Ante esto, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno colombiano asumirá la financiación de la JEP con recursos nacionales. Sin embargo, persisten dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para suplir la falta de financiamiento. La nación enfrenta un panorama de austeridad fiscal.
Otra entidad afectada es la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esta institución tenía previsto firmar un convenio de más de 40.000 millones de pesos. Dicho convenio era fundamental para la implementación de la reforma agraria. Además, la medida afecta directamente la ejecución del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. En este aspecto, Estados Unidos desempeña un rol clave como acompañante internacional.
Impacto en organizaciones sociales y derechos humanos
Diferentes ONG y centros de estudio han alertado sobre la gravedad de la situación. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) pausaron varios de sus proyectos. Esto ocurre mientras se determina el futuro de los fondos internacionales. León Valencia, director de Pares, afirmó que la diplomacia colombiana debe demostrar que la cooperación con Colombia también beneficia la seguridad de Estados Unidos.
Asimismo, organizaciones internacionales como Save the Children, Médicos del Mundo, Oxfam y el Consejo Noruego para Refugiados enfrentan un futuro incierto. Estas entidades operan en comunidades vulnerables del país. La crisis humanitaria en zonas como Catatumbo y Cauca se agrava aún más. Los enfrentamientos entre grupos armados han desplazado a miles de personas en el último mes.
Un panorama incierto
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, explicó que para justificar la reanudación de la cooperación internacional y la ayuda de los programas deben cumplir ciertos requisitos. Deben demostrar que hacen a Estados Unidos “más seguro, más fuerte y más próspero”. A esto se suma la posible descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas. Este factor podría comprometer aún más la cooperación bilateral.
El informe más reciente de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indicó que la producción de cocaína en Colombia aumentó un 53%. Alcanzó las 2.600 toneladas, una cifra récord. Sin certificación estadounidense, el país perdería una parte significativa de los recursos destinados al combate del narcotráfico.
Por ahora, organizaciones y entidades afectadas esperan mayor claridad en los próximos tres meses. El futuro de la cooperación internacional estadounidense es incierto. Mientras tanto, el Gobierno colombiano enfrenta el reto de encontrar alternativas de financiamiento. Este desafío se presenta en un contexto económico desafiante y con crecientes demandas de inversión en seguridad y desarrollo social.
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