El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, confiscó un segundo avión perteneciente al régimen de Nicolás Maduro. La aeronave, un Dassault Falcon 200 con matrícula YV-3360, se encontraba retenida en el Aeropuerto Internacional de Santo Domingo, en la República Dominicana.
La incautación se realizó tras una acción coordinada entre las autoridades dominicanas y estadounidenses. Las autoridades estadounidenses alegaron que el avión había infringido las sanciones impuestas por Washington, incluyendo violaciones a los controles de exportación y delitos relacionados con el lavado de dinero.
Uso del avión por altos funcionarios del régimen venezolano
El avión incautado ha sido utilizado por altos funcionarios del gobierno venezolano, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Defensa, entre otros asesores cercanos a Nicolás Maduro. En la aeronave que se confiscó también ha viajado a varios países, incluidos Grecia, Turquía, Rusia, Nicaragua y Cuba. En 2019, el entonces ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, utilizó este avión para asistir a una reunión de la OPEP en los Emiratos Árabes Unidos. El gobierno de EE.UU. considera que estos viajes violaron las sanciones aplicadas a Venezuela.
Incautación bajo supervisión de Marco Rubio
El senador estadounidense Marco Rubio supervisó personalmente el proceso de confiscación y observó cómo un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional colocaba la orden judicial sobre el avión. Rubio ha dicho esta semana que Estados Unidos no reconoce a Maduro como el líder legítimo de Venezuela. El Departamento de Estado de EE.UU. confirmó que la incautación se llevó a cabo debido a la violación de las sanciones, los controles de exportación y el lavado de dinero. La acción de decomiso civil fue formalizada tras un exhaustivo proceso legal.
Un segundo avión confiscado en meses recientes
Este es el segundo avión venezolano que confiscó Estados Unidos en los últimos meses. El primero lo retuvieron en República Dominicana el año pasado, bajo la administración de Joe Biden. En ese caso, el avión también fue confiscado por las autoridades estadounidenses. El gobierno de Maduro rechazó ambas incautaciones, calificándolas como ilegales y parte de una “guerra económica” diseñada para afectar a Venezuela. A pesar de los rechazos de Caracas, el gobierno de EE.UU. continúa implementando medidas punitivas contra el régimen de Maduro.
Divisiones internas en EE.UU. sobre la postura hacia Maduro
El incidente de la incautación pone de manifiesto las divisiones dentro del gobierno de EE.UU. sobre cómo abordar la situación de Venezuela. Mientras algunos funcionarios, como Rubio, favorecen un enfoque más agresivo contra Maduro, otros han mostrado interés en una política más conciliatoria, especialmente en temas como la inmigración. En días recientes, la administración Biden logró liberar a seis ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, lo que se consideró una victoria diplomática. Además, Maduro se comprometió a aceptar vuelos de deportación desde EE.UU., lo que marcó un avance en las relaciones bilaterales.
Impacto en los vuelos de deportación
La incautación del avión añade una nueva capa de complejidad a las negociaciones entre ambos países. Aunque el primer vuelo con deportados de EE.UU. aún no ha llegado a Venezuela, las discusiones logísticas continúan. No está claro si la reciente incautación del avión afectará estos acuerdos, pero la tensión entre los gobiernos parece estar en aumento. Las autoridades estadounidenses y venezolanas siguen trabajando en los detalles de los vuelos de deportación, mientras la situación política entre ambos países sigue siendo incierta.
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